La administración de Andrés Watson recibió un revés judicial por la cesantía de un dirigente gremial de Florencio Varela. El Tribunal del Trabajo N° 1 ordenó reincorporar a Osvaldo Roberto Martínez y pagarle los salarios que dejó de cobrar. La federación sindical que impulsó el reclamo estimó que el costo para el Municipio superaría los $50 millones.
La decisión fue difundida el 12 de noviembre por FeSiMuBo, según supo la Agencia Noticias Argentinas. El fallo beneficia a Martínez, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales de Florencio Varela (SEMFV), y, de acuerdo con la organización, hizo lugar al amparo sindical y consideró discriminatoria la desvinculación. La resolución alcanza una decisión del Ejecutivo municipal.
Según la reconstrucción del proceso que difundió el gremio, la cesantía fue declarada ineficaz y la condena incluye las remuneraciones pendientes, sus actualizaciones e intereses y las costas judiciales. La cifra superior a los $50 millones corresponde a una estimación sindical y no a un monto liquidado por el tribunal. La federación relacionó el cálculo con el tiempo que Martínez permaneció apartado de su empleo y con las consecuencias económicas del litigio.
La disputa también involucró el reconocimiento de la actividad gremial. El SEMFV había resuelto adherir a FeSiMuBo desde su asamblea fundacional y, según las coberturas sobre el fallo, la resolución reconoció el derecho de representación de la federación en el distrito. El recorrido judicial incluyó un primer rechazo del amparo y una intervención posterior de la Suprema Corte bonaerense, que ordenó renovar la integración del tribunal para analizar el planteo.
La decisión favorable al trabajador se adoptó por mayoría, con un voto en disidencia, de acuerdo con los antecedentes reseñados. La federación conducida por Hernán Doval atribuyó la desvinculación a una persecución contra la organización sindical. Esa acusación corresponde al gremio; el resultado judicial comunicado fue la orden de reinstalación y la condena económica contra la comuna.
El pronunciamiento convirtió una cesantía dispuesta por la gestión Watson en la obligación de reincorporar al trabajador y afrontar los salarios caídos, los intereses y las costas del proceso.
