Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) – La empresa estatal Rioja Vial S.A.U., del gobierno de Ricardo Quintela, enfrenta dos ejecuciones fiscales de ARCA por un capital de $302.712.933,53. El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena ordenó intimarla al pago y habilitó embargos sobre activos financieros si, una vez diligenciado el requerimiento, la compañía no cancela la deuda reclamada. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las resoluciones tienen firma digital del 4 de noviembre y se difundieron públicamente el 12.
Los documentos corresponden a los expedientes 46395/2026 y 46415/2026 del Juzgado Federal de La Rioja. En la primera causa, el fisco nacional exige $134.038.344,34 y, en la segunda, $168.674.589,19. El juzgado agregó un 15% provisorio para intereses y costas, que eleva el total a aproximadamente $348,1 millones.
Esa previsión no constituye una liquidación definitiva. La intimación establece un plazo de cinco días para oponer las defensas previstas en el procedimiento, con una ampliación de un día por distancia cuando corresponda. Los decretos judiciales no identifican los tributos ni los períodos que dieron origen a las demandas.
La medida sobre el patrimonio está condicionada. Una vez diligenciado el mandamiento y ante la falta de pago, la orden permite embargar fondos y valores en entidades financieras, cuentas, depósitos a plazo fijo y otros activos de titularidad de la empresa, hasta cubrir las sumas reclamadas y la previsión adicional. La autorización judicial no acredita que el embargo ya se haya ejecutado.
Las resoluciones disponen que los fondos encontrados sean transferidos a una cuenta del Banco Nación a disposición del juzgado. También facultan a ARCA a levantar total o parcialmente las medidas si la firma cancela o regulariza la deuda. Rioja Vial tiene antecedentes de participación en obras provinciales.
Una ordenanza de la capital riojana reconoció en 2022 sus trabajos y su intervención en el Plan Angelelli. Ese antecedente identifica su actividad, mientras que los nuevos expedientes exponen su situación frente al organismo recaudador nacional. El juzgado declaró su competencia en ambas causas y dispuso dos intimaciones de pago contra la empresa estatal.
La orden de embargo alcanza sus activos financieros de manera condicionada.
