Buenos Aires, 3 octubre (NA) – El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, recibió el 30 de septiembre un cuestionamiento del diputado nacional Martín Ardohain por retenciones de entre $17.000 y $30.000 en los haberes de empleados públicos no afiliados a sindicatos, bajo el concepto de cuota solidaria. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el legislador criticó al mandatario en una publicación en redes sociales y objetó que la administración provincial habilitara descuentos a trabajadores que no integran los gremios. La polémica se hizo pública después de la acreditación de los salarios de septiembre, realizada el martes 29.
La quita equivale al 1,5% de los conceptos remunerativos, una base de cálculo que no incluye la totalidad del sueldo de bolsillo. Los montos varían según el escalafón y la categoría: rondan los $17.000 en los niveles inferiores de la Ley 643 y llegan aproximadamente a $30.000 en los superiores. La retención está vinculada con el acuerdo alcanzado en la paritaria de agosto.
Los recursos tienen destino sindical y se distribuyen entre las organizaciones según la proporción de afiliados que acredita cada una. La Provincia aplica el descuento en la liquidación salarial, mientras que los fondos recaudados corresponden a los gremios. Desde el Gobierno provincial defendieron su intervención como agente de retención y señalaron que la solicitud provenía de las organizaciones sindicales.
La explicación oficial se basó en la Ley Provincial 2702, que regula las relaciones laborales y la negociación colectiva en la administración pública pampeana. Los sindicatos justificaron el aporte con el argumento de que los resultados de la negociación también alcanzan a quienes no están afiliados. Como ejemplo, señalaron que las mejoras salariales y las licencias obtenidas en el área de Salud benefician al conjunto de los trabajadores, aunque solo una parte integra las organizaciones.
Ardohain cuestionó ese mecanismo y sostuvo que no correspondía financiar la solidaridad con recursos descontados a empleados que no habían elegido afiliarse. Su pronunciamiento convirtió el malestar expresado por trabajadores al revisar sus recibos en un reproche político directo al gobernador.
