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El Gobierno actualizó un 2,2% los aranceles de prestaciones por discapacidad

El Gobierno actualizó un 2,2% los aranceles de prestaciones por discapacidad

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 2,20% en los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad correspondientes a noviembre de 2026. La medida fue establecida mediante la Resolución 3715/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada este miércoles 18 de noviembre en el Boletín Oficial. La actualización alcanza a todas las modalidades comprendidas en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

El porcentaje se aplica de manera uniforme, sin diferencias según el tipo de servicio, y se calcula sobre los aranceles vigentes durante octubre. El incremento toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que fue del 2,2%. La resolución modifica los valores de servicios de rehabilitación, centros educativos terapéuticos, centros de día, hogares, transporte, estimulación temprana y otras prestaciones incluidas en el nomenclador nacional.

Con el aumento aprobado, los aranceles de noviembre se modificaron según la modalidad y la categoría de cada establecimiento. Para los centros de día con jornada doble y los centros educativos terapéuticos con jornada doble se establecieron nuevos montos, de acuerdo con los valores del nomenclador. Las cifras fijadas corresponden a los aranceles de referencia para las prestaciones comprendidas en cada modalidad.

La actualización no modifica la clasificación de los establecimientos, sino los importes reconocidos por los servicios que brindan. La resolución también actualizó los valores de las prestaciones que incluyen alojamiento y atención integral. Para los hogares permanentes con Centro Educativo Terapéutico (CET) se fijaron nuevos aranceles, mientras que la residencia permanente de categoría A quedó establecida en $1.429.302,41.

Estas prestaciones integran el sistema nacional destinado a garantizar servicios de atención integral a personas con discapacidad que requieren distintas modalidades de acompañamiento. El aumento se aplica sobre los valores vigentes en octubre y alcanza a las categorías contempladas en cada modalidad. Entre los servicios incluidos en la actualización también están la rehabilitación y la estimulación temprana, para las que se establecieron nuevos valores.

El nomenclador contempla una categoría única para estimulación temprana, por lo que el importe fijado corresponde a esa modalidad. La rehabilitación con internación tiene uno de los aranceles más elevados entre los servicios detallados en la actualización, por las características de atención previstas para esa prestación. El ajuste modifica el valor reconocido dentro del sistema nacional, pero no cambia las condiciones de acceso a los tratamientos.

El transporte recibió el mismo incremento de noviembre. Su arancel quedó fijado en $953,22 por kilómetro, como valor de referencia contemplado en el nomenclador nacional. La resolución también actualizó el servicio de alimentación, cuyo importe se estableció en $5.223,37.

Tanto este concepto como el transporte forman parte de las prestaciones de atención integral alcanzadas por el mismo porcentaje de aumento. Los servicios educativos destinados a personas con discapacidad también tuvieron una actualización de sus aranceles. El Módulo de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE) quedó fijado en $801.937,24.

Además, la escolaridad primaria con jornada doble de categoría A tendrá un valor de $1.228.995,40. La formación laboral con jornada doble, también de categoría A, quedó establecida en $1.145.104,43. Estas modalidades forman parte de los servicios educativos y de apoyo contemplados en el nomenclador nacional.

El incremento se aplica a las distintas categorías y prestaciones sin establecer porcentajes diferentes. La Resolución 3715/2026 dispone que la actualización de noviembre se calcula sobre la variación del IPC del mes anterior. La inflación de octubre fue del 2,2%, porcentaje utilizado para determinar el aumento de los aranceles.

La medida se suma a la actualización del 1,90% aprobada para octubre mediante la Resolución 1/2026 de la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos. De esta manera, el Gobierno mantiene el mecanismo de actualización de los importes según la evolución mensual de los precios. El aumento fue dispuesto por la Secretaría Nacional de Discapacidad, organismo que funciona dentro de la estructura del Ministerio de Salud de la Nación.

La resolución fue firmada el 17 de noviembre por el secretario nacional de Discapacidad, Diego Pablo Masaragian, y publicada oficialmente al día siguiente. La normativa también ratificó la continuidad del adicional por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas. El suplemento representa un 20% sobre el arancel básico de cada servicio y está contemplado en el artículo 7° bis de la Ley 24.901.

El beneficio se aplica a las prestaciones brindadas en las provincias comprendidas dentro de esa región. Por ese motivo, los valores del nomenclador constituyen la base para calcular el adicional cuando corresponde. La medida mantiene el porcentaje reconocido por zona desfavorable y no modifica el esquema vigente.

A su vez, actualiza los valores de referencia utilizados para reconocer y liquidar las prestaciones incluidas en el sistema nacional. El aumento alcanza a los servicios que ya integran el nomenclador, sin incorporar nuevas modalidades ni modificar los requisitos de acceso. También es distinto de una suba de pensiones o asignaciones: el 2,20% corresponde a los importes reconocidos por los servicios de atención y no a las pensiones no contributivas por discapacidad.

Los nuevos valores rigen para noviembre de 2026 y deberán considerarse en las prestaciones alcanzadas por la resolución. La actualización incluye centros de día, hogares, rehabilitación, servicios educativos, transporte y otras modalidades de atención, con la inflación de octubre como referencia. La próxima actualización dependerá de las decisiones administrativas correspondientes y del mecanismo establecido para revisar los valores del nomenclador nacional.

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