Buenos Aires, 10 octubre (NA) — El Poder Judicial de la Nación tiene 266 cargos vacantes: 159 continúan en la etapa del Consejo de la Magistratura, 77 ya fueron remitidos al Poder Ejecutivo y 30 están en el Senado. Además, en el Consejo hay 75 concursos en trámite, que pueden abarcar una o más vacantes. Ante este panorama, Alfonso Santiago, constitucionalista de la Universidad Austral, elaboró un informe con cuatro propuestas para agilizar y dar más transparencia a los procesos de selección y al funcionamiento judicial.
El primer eje apunta a los concursos para seleccionar magistrados. Santiago sostiene que las demoras y la falta de transparencia en parte de esos procesos obstaculizan el funcionamiento del Poder Judicial. En ese sentido, recuerda el proyecto del nuevo Reglamento de Concursos aprobado por la Corte Suprema mediante la Acordada 4/2026 y remitido al Consejo de la Magistratura para su tratamiento.
La iniciativa propone que los concursos anticipados puedan comenzar sin esperar a que se produzca una vacante y sumar un legajo digital y auditable. También plantea reducir la discrecionalidad. El proyecto establece que la entrevista personal pueda otorgar un máximo de 20 puntos sobre un total de 200, es decir, el 10% del puntaje, y propone reglas objetivas para integrar ternas y listas complementarias.
A su vez, contempla un análisis técnico en dos etapas y mecanismos para garantizar el anonimato de los postulantes. "Todo ello redundará en la credibilidad y legitimidad de quienes finalmente sean propuestos y acortará claramente el número y tiempo de las vacantes judiciales", afirma el letrado. La segunda propuesta consiste en determinar si las reformas procesales que se implementan reducen efectivamente los tiempos judiciales. Santiago recuerda que en los últimos años se aprobaron numerosas modificaciones procesales, tanto en el ámbito nacional como en el provincial, con el objetivo de acelerar los juicios.
El informe propone medir el impacto real de esos cambios en la duración y la eficiencia de los procesos, y utilizar esa evidencia para definir qué reglas y prácticas deberían mantenerse o extenderse. De ese modo, las reformas dejarían de debatirse únicamente desde el plano normativo y podrían compararse a partir de sus resultados: cuánto tardaban los procesos antes y después de los cambios y qué mecanismos lograron reducir esos tiempos. La tercera propuesta plantea analizar el desempeño de los jueces una vez que fueron nombrados.
Santiago señala que el sistema judicial argentino cuenta con procedimientos para seleccionar, designar, disciplinar y eventualmente remover magistrados, pero que aún está pendiente establecer un mecanismo adecuado para evaluar periódicamente su desempeño. Por eso, propone que los jueces den cuenta de su proceder ante sus superiores, los abogados y la sociedad. Como punto de partida, el letrado señala que, dentro del propio sistema, juzgados con cantidades similares de personal, infraestructura y las mismas reglas procesales pueden mostrar resultados diferentes en eficiencia y calidad de gestión.
Para el constitucionalista, medir esas diferencias permitiría identificar buenas prácticas y mejorar el funcionamiento institucional. El cuarto y último eje se centra en la importancia de fomentar un Poder Judicial al servicio de la ciudadanía. Para alcanzar ese objetivo, Santiago considera que las reformas institucionales deben acompañarse de cambios en las prácticas de quienes integran la Justicia y del liderazgo de sus autoridades.
Como una oportunidad inmediata, menciona la próxima elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, que, según afirma, permitirá debatir el funcionamiento, la transparencia y la eficiencia del Poder Judicial.
