El Gobierno de Mendoza puso en marcha una emergencia por 180 días para enfrentar los posibles efectos de El Niño, con medidas de prevención ante tormentas, inundaciones y daños en infraestructura y servicios esenciales. La medida fue instrumentada mediante la promulgación de la Ley Nº 9.740, que permite extender el plazo por otros 180 días corridos a través de un decreto si las condiciones climáticas y sus consecuencias lo requieren. La normativa busca acelerar la respuesta del Estado provincial ante eventos hidrometeorológicos, con prioridad en las acciones preventivas y la asistencia a los sectores considerados de mayor vulnerabilidad territorial.
Para eso, establece un mecanismo especial que permite al Ejecutivo actuar con mayor rapidez frente a situaciones que puedan causar daños materiales y sociales. A diferencia de otros esquemas de emergencia que se activan después de que se produce el impacto, el plan apunta a anticiparse mediante intervenciones en infraestructura, drenajes, caminos, cauces y servicios esenciales. El Gobierno mendocino podrá realizar acciones preventivas en áreas consideradas críticas antes de que las tormentas o crecidas provoquen consecuencias mayores.
Uno de los ejes de la Ley Nº 9.740 es la flexibilización temporal del régimen general de contrataciones públicas. Durante la emergencia, el Poder Ejecutivo y sus reparticiones descentralizadas podrán adjudicar de manera inmediata obras, compras o servicios directamente vinculados con la contingencia. Las contrataciones deberán respetar criterios de transparencia, razonabilidad y competencia entre proveedores.
El procedimiento excepcional no podrá utilizarse para cubrir gastos cotidianos o previsibles de la administración pública. Entre los trabajos prioritarios para reducir los riesgos asociados a tormentas e inundaciones, se prevén la limpieza, adecuación y ejecución de obras urgentes en canales y cauces de agua. También podrán realizarse intervenciones en redes pluviales y cloacales para mejorar el drenaje en sectores expuestos a acumulaciones de agua, además del mantenimiento preventivo de rutas y caminos provinciales.
La estrategia incluye ampliar la red de sensores y los sistemas de información meteorológica para mejorar el seguimiento de las condiciones climáticas y facilitar la toma de decisiones ante eventuales emergencias. La emergencia también habilita al Gobierno provincial a realizar modificaciones presupuestarias para garantizar la continuidad de los trabajos. La normativa permite reasignar o ampliar partidas para asegurar los fondos destinados a tareas de prevención, infraestructura y asistencia.
El objetivo es evitar que las limitaciones presupuestarias demoren intervenciones consideradas urgentes durante la vigencia de la emergencia. La rapidez prevista para ejecutar obras y contrataciones no suspenderá los controles ambientales. El artículo 6º de la ley mantiene la obligatoriedad de las evaluaciones de impacto ambiental y de los controles relacionados con el ordenamiento territorial, que las autoridades competentes deberán supervisar aunque las obras se realicen bajo el régimen extraordinario.
El Ministerio de Gobierno de Mendoza será la autoridad de aplicación y tendrá diez días hábiles para establecer la reglamentación y definir los mecanismos operativos necesarios para aplicar la ley. El plan deberá articularse con los municipios, las empresas prestadoras de servicios y el Departamento General de Irrigación, cuyos informes técnicos tendrán un papel central para identificar zonas críticas y determinar las intervenciones prioritarias. La normativa también prevé un control posterior de las medidas y los recursos utilizados durante el período extraordinario.
Dentro de los 90 días corridos posteriores a la finalización de la emergencia, el Ministerio de Gobierno deberá elaborar y publicar un informe detallado sobre las acciones realizadas y elevarlo a la Legislatura provincial para su correspondiente auditoría. Así, Mendoza activó un esquema preventivo de 180 días ante la amenaza de tormentas e inundaciones asociadas con El Niño, que combina mayor rapidez administrativa, inversión en infraestructura y mecanismos posteriores de control.
