Naciones Unidas cuestionó la decisión de transmitir en vivo la ejecución de Nidal Malik Hasan en Estados Unidos. Advirtió que una emisión de esas características equivaldría a una ejecución pública, considerada incompatible con la prohibición absoluta de la tortura. Hasan fue condenado a muerte por la matanza ocurrida en Texas en 2009, en la que murieron 13 personas.
Su ejecución está programada para el 3 de diciembre y está previsto que se realice mediante un pelotón de fusilamiento. El planteo fue realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por Volker Türk, luego de que un responsable del Departamento de Defensa estadounidense anunciara que el procedimiento sería transmitido en directo. El organismo internacional centró su cuestionamiento en el carácter público que tendría la ejecución si se emite en vivo. “Como el Alto Comisionado ha subrayado en reacción a las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán, las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante”, sostuvo la Oficina del Alto Comisionado.
A partir de ese criterio, Naciones Unidas consideró que transmitir una ejecución en tiempo real tiene los mismos efectos que realizarla públicamente ante espectadores. “La retransmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública y violaría la prohibición absoluta de la tortura”, señaló el organismo. Así, el cuestionamiento de la ONU no se limita al método previsto para aplicar la pena de muerte, sino que apunta específicamente a la decisión de convertir el procedimiento en una transmisión accesible en directo. La ejecución de Nidal Malik Hasan está prevista para el 3 de diciembre y se realizará mediante un pelotón de fusilamiento.
Hasan recibió la pena capital por la matanza registrada en Texas durante 2009, en la que fueron asesinadas 13 personas. El procedimiento tendrá una particularidad dentro del sistema militar estadounidense: será la primera ejecución realizada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde 1961. También será la primera mediante un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.
Esas características pusieron el caso bajo atención internacional. A esto se sumó el anuncio de que la ejecución podría ser transmitida en vivo. La Oficina del Alto Comisionado fundamentó su posición en los estándares internacionales vinculados con la prohibición de la tortura y el derecho a la vida.
Hizo referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sostuvo que, dentro de ese marco, la prohibición absoluta de la tortura alcanza a las ejecuciones realizadas públicamente. La interpretación de Naciones Unidas es que una transmisión en vivo convierte el procedimiento en público aunque los espectadores no estén físicamente presentes en el lugar de la ejecución. Según esa posición, el alcance de una emisión en directo basta para que adquiera carácter público.
El organismo también se refirió a las consecuencias jurídicas que, según su interpretación, podría tener la transmisión. Advirtió que incumplir la prohibición de realizar ejecuciones públicas convertiría “la ejecución en arbitraria” y “supondría una violación del derecho a la vida”. La posición se enmarca en pronunciamientos anteriores del Alto Comisionado sobre ejecuciones públicas en otros países.
La ONU mencionó específicamente los antecedentes de Afganistán e Irán, donde había cuestionado procedimientos de este tipo al considerarlos formas de trato o pena cruel, inhumano o degradante. La advertencia internacional se produjo después del anuncio de que la ejecución podría seguirse en directo, una modalidad que la Oficina del Alto Comisionado rechazó expresamente. El organismo sostiene que, según los estándares internacionales que invoca, la difusión en tiempo real elimina la diferencia entre una ejecución realizada ante público presente físicamente y otra observada a distancia mediante una transmisión.
Mientras la ejecución de Nidal Malik Hasan continúa programada para el 3 de diciembre, la posibilidad de emitirla en vivo abrió un nuevo cuestionamiento sobre el procedimiento. La ONU fijó su posición al considerar que una transmisión de esas características constituye una ejecución pública y que, bajo los estándares invocados por el organismo, vulneraría la prohibición absoluta de la tortura y podría implicar también una violación del derecho a la vida.
