Vente Venezuela reclamó que se levante de inmediato la inhabilitación política de María Corina Machado, luego de que una exintegrante del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) denunciara que fue coaccionada para firmar la resolución que dejó a la dirigente opositora fuera de la carrera presidencial. El pedido del partido se produjo tras las declaraciones de Bárbara César Siero, quien sostuvo que recibió presiones relacionadas con la detención de familiares para acompañar distintas sentencias de inhabilitación política. Entre esas resoluciones estaba la de Machado, quien había ganado las primarias opositoras de 2023, pero no pudo presentarse en las elecciones presidenciales de 2024.
Después de que se conociera el testimonio de César Siero, Vente Venezuela reclamó formalmente que se deje sin efecto la restricción que pesa sobre su principal referente. “Esa inhabilitación debe ser levantada de inmediato”, expresó la organización. El partido afirmó, además, que la medida fue “ilegal desde su origen” y vinculó el reclamo con las declaraciones de la exmagistrada. También cuestionó las circunstancias denunciadas en torno a la firma de las resoluciones judiciales. “Detener y castigar a miembros de la familia para quebrar la voluntad de una persona”, señaló la organización al referirse al mecanismo denunciado por César Siero.
Además de pedir que se levante la inhabilitación, Vente Venezuela reclamó que se investiguen los hechos denunciados. Bárbara César Siero, de 51 años, integró el Tribunal Supremo de Justicia entre diciembre de 2014 y febrero de 2024. Según su testimonio, las presiones comenzaron el 15 de diciembre de 2023, cuando vencía el plazo para que los aspirantes presentaran recursos sobre sus habilitaciones e inhabilitaciones ante la sala del tribunal que ella integraba.
La exmagistrada afirmó que Machado fue la última en presentar su demanda, junto con su abogado. Paralelamente, según su relato, fueron detenidos dos de sus hermanos y una cuñada, vinculados con las Fuerzas Armadas. César Siero aseguró que después recibió nueve sentencias para firmar y sostuvo que habían sido elaboradas sin audiencias ni la correspondiente intervención de las partes involucradas.
Según la denuncia, la situación de sus familiares fue utilizada para presionarla y conseguir que acompañara las resoluciones. La exjueza afirmó que aceptó firmar porque creyó que liberarían a sus familiares, algo que, según manifestó, finalmente no ocurrió. La decisión judicial contra María Corina Machado tuvo consecuencias directas en el escenario electoral venezolano.
Machado se había impuesto ampliamente en las primarias opositoras de 2023, pero la inhabilitación política le impidió convertirse después en candidata presidencial. Ante esa situación, respaldó la candidatura del diplomático Edmundo González Urrutia, quien representó al sector opositor en las elecciones presidenciales de 2024. Nicolás Maduro fue proclamado ganador de esos comicios, mientras que la oposición denunció fraude y cuestionó el resultado electoral.
Desde entonces, la inhabilitación de Machado se mantuvo como uno de los principales puntos de conflicto político entre el oficialismo venezolano y los sectores opositores. La denuncia de la exmagistrada también se refirió a la situación judicial de sus familiares. César Siero sostuvo que el entonces fiscal general venezolano, Tarek William Saab, los vinculó el 22 de enero de 2024 con la denominada operación “Brazalete Blanco”, presentada como un supuesto plan contra Nicolás Maduro.
La exintegrante del Tribunal Supremo afirmó que esa acusación fue utilizada para criminalizar a sus familiares y presionarla por su intervención en causas de contenido político. El 1 de octubre de 2026, Guillermo Enrique César Siero fue condenado a 12 años de prisión por “conspiración política”. En tanto, Guillermo Henry César Siero y Diana Victoria Justo recibieron condenas de tres años por “encubrimiento”.
Vente Venezuela sumó otro pedido: además de exigir que se levante la inhabilitación política, reclamó condiciones que permitan el regreso de María Corina Machado a Venezuela con garantías para desarrollar su actividad. El partido pidió garantías de libertad y seguridad para la dirigente opositora. El planteo vuelve a poner en discusión las circunstancias en las que se resolvió la inhabilitación que le impidió participar en las presidenciales de 2024.
En esta ocasión, el cuestionamiento se apoya en el testimonio de una exintegrante del propio Tribunal Supremo de Justicia, quien aseguró que firmó la resolución bajo presión y relacionó esa situación con la detención de integrantes de su familia.
