El gobierno de Leandro Zdero recibió un nuevo cuestionamiento judicial por los salarios docentes. La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia consideró que el proyecto enviado por el Ejecutivo a la Legislatura no cumple lo ordenado por el Superior Tribunal de Justicia. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la decisión se dictó el 16 de octubre y se divulgó el lunes 19, en el amparo promovido por Federación Sitech contra el Ministerio de Educación y la Provincia.
Las juezas Silvia Suárez y Silvana Gómez fijaron una audiencia de conciliación para el 29 de octubre, a las 10. La convocatoria incluye a Zdero y a la ministra de Educación, Sofía Petcoff Naidenoff, o a funcionarios con facultades suficientes para representar al Ejecutivo. No implica que se haya dispuesto una comparecencia personal indelegable del gobernador.
En septiembre, la Provincia había informado que cumplió el mandato mediante la presentación de una iniciativa de actualización salarial. También había pedido dejar sin efecto una resolución anterior y levantar las sanciones conminatorias aplicadas en el expediente. La Cámara objetó que el proyecto enuncie principios y evaluaciones periódicas, pero no establezca una pauta concreta de recomposición ni el índice de ajuste para 2027.
Según el análisis judicial, las mejoras quedan sujetas a los recursos disponibles y a decisiones posteriores del Ejecutivo. El conflicto también comprende la prohibición de indexación automática prevista en el artículo 7 del proyecto. Esa disposición ya había sido rechazada por doce organizaciones docentes, que sostienen que elimina la protección del salario frente a la inflación.
La interpretación judicial no equivale a una orden de pagar un porcentaje determinado. El Superior Tribunal había reconocido que el diseño del régimen remuneratorio corresponde a los poderes Ejecutivo y Legislativo; la discusión actual es si el proyecto presentado satisface esa obligación. La Federación pidió agravar las sanciones conminatorias y extenderlas al gobernador y a la ministra.
Sin embargo, antes de resolver ese planteo, la Cámara convocó a una audiencia de conciliación. La decisión declaró incumplida la obligación de presentar un mecanismo de actualización adecuado al mandato judicial, pese a que la Provincia había invocado su cumplimiento.
