San Juan es sede del I Congreso de Cibercrimen, Ciberdefensa e Inteligencia Artificial, que se desarrolla durante dos jornadas y reúne a 350 participantes de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, el Ministerio Público Fiscal y el Foro de Abogados. El vicegobernador Fabián Martín encabezó la apertura junto al secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorri; y el secretario de Seguridad, Enrique Delgado. Organizado por el Gobierno de San Juan a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, el congreso cuenta con especialistas nacionales e internacionales.
La propuesta tiene el acompañamiento del CIC Center de Boston University, CLICLEX y el Ministerio Público Fiscal, y busca fortalecer la cooperación institucional frente a un delito que evoluciona con las nuevas tecnologías. La agenda aborda desafíos para las investigaciones, entre ellos las estafas virtuales, el fraude financiero, el rastreo de criptoactivos y el uso de inteligencia artificial en actividades delictivas. El programa incluye seis paneles y 15 oradores, y combina experiencias reales, herramientas de investigación y protocolos de actuación para mejorar la respuesta de los organismos involucrados.
Durante la apertura, el vicegobernador Fabián Martín señaló que “antes quien cometía un delito tenía que estar cerca de la víctima o de sus bienes, y hoy puede estar a cientos de kilómetros y actuar en minutos, por lo que las herramientas de las fuerzas de seguridad y de la Justicia deben adaptarse”. Luego concluyó: “San Juan está a la altura, el Gobierno viene invirtiendo en seguridad, especialmente en tecnología y capacitación permanente, con foco en la prevención”. El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, sostuvo que “la provincia no es ajena al cibercrimen según los datos cruzados entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan”.
También afirmó que “la presencia de los tres poderes y de una ONG con laboratorio propio demuestra que el Estado responde, y que la capacitación de las fuerzas de seguridad y de los civiles confirma el rumbo elegido para dar una respuesta a la familia sanjuanina”. Entre los disertantes está Rafael García Borda, director ejecutivo del CIC Center para el Cono Sur y director académico de CLICLEX, quien aborda las nuevas tendencias del cibercrimen relacionadas con la inteligencia artificial y los criptoactivos. También participa Oscar Solórzano, director para América Latina del Basel Institute on Governance, con una exposición sobre investigación financiera, recuperación de activos y cooperación internacional frente al crimen digital.
La agenda contempla además el análisis de ciberestafas, medidas cautelares urgentes, alertas rojas y extradiciones, así como herramientas de ciberinteligencia para investigar actividades en plataformas digitales. Entre los especialistas convocados están Adrián Acosta, jefe del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal y presidente del grupo de trabajo de las Américas de INTERPOL para unidades de cibercrimen, y Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal del Ministerio Público bonaerense, quien expone sobre la aplicación de inteligencia artificial en la investigación judicial. La cooperación entre los sectores público y privado es otro de los ejes del congreso, con espacios sobre fraude en línea y prevención y reparación del daño en casos de ciberfraude bancario.
También se instaló un lobby tecnológico para mostrar soluciones y generar vínculos entre empresas, especialistas y organismos responsables de prevenir e investigar estos delitos. Los equipos locales participan en un espacio de intercambio entre el Ministerio Público Fiscal, el equipo de ciberseguridad de la Policía de San Juan y representantes del sector tecnológico. La propuesta permite compartir experiencias, analizar procedimientos y fortalecer la articulación necesaria para responder ante investigaciones cada vez más complejas.
Con esta iniciativa, San Juan promueve un ámbito para intercambiar conocimientos y experiencias frente a nuevas formas de criminalidad. El objetivo es consolidar herramientas, capacidades de investigación y mecanismos de cooperación que contribuyan a proteger a los ciudadanos y sus bienes en el entorno digital.
