Buenos Aires, 29 de septiembre (NA). La disputa judicial y gremial por el control de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) continúa y sumó novedades esta semana. El Gobierno prepara un recurso extraordinario para acudir ante la Corte Suprema de Justicia y oponerse a la convalidación de la conducción de Luis Barrionuevo.
En paralelo, la oposición denunció irregularidades procesales en el fallo que dispuso otorgar una certificación provisoria a la lista encabezada por el dirigente. La Secretaría de Trabajo elaborará la apelación ante el máximo tribunal contra la decisión de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ese fallo reconoció a Barrionuevo al frente del sindicato, luego de las elecciones realizadas a fines de 2025.
Por el momento, el área que conduce Julio Cordero no hará comentarios sobre el tema, según supo Agencia Noticias Argentinas. Sin embargo, trascendió que el planteo se vincula con la posibilidad de recurrir hasta la última instancia judicial cuando haya fallos adversos a decisiones administrativas. La apelación será un nuevo paso en el enfrentamiento entre el oficialismo y Barrionuevo, luego de la ruptura de su vínculo con el presidente Javier Milei.
En 2023, el sindicalista había acordado con quien entonces era diputado nacional y candidato a jefe de Estado. El acuerdo contemplaba que el sindicato aportara fiscales para cuidar los votos libertarios en la elección presidencial de octubre. En La Libertad Avanza acusaron al ex titular de Chacarita de no cumplir con el compromiso.
Desde entonces, la relación se deterioró y no volvió a recomponerse, mientras ambos intercambian cuestionamientos hasta la actualidad. La oposición al dirigente también presentó objeciones. Apoderados de la Lista Gris/Naranja señalaron ante la Sala VI de la Cámara laboral presuntas irregularidades por haber concedido a Barrionuevo una certificación provisoria de autoridades, de acuerdo con lo que supo NA.
Los denunciantes sostienen que los magistrados intervinientes incumplieron los reglamentos de la Justicia Nacional para acelerar el fallo antes de que las partes pudieran ejercer su derecho a recusar con causa a jueces con antecedentes desfavorables y prejuzgamiento en el conflicto. En el escrito presentado ante los tribunales, al que accedió este medio, afirmaron que el expediente tuvo una modificación sin justificación en el orden y la integración del tribunal que debía votar. La notificación oficial indicaba que la votación estaría a cargo de los camaristas Carlos Pose y Marina Pisacco, y que Gabriela Vázquez intervendría únicamente si había disidencia.
Sin embargo, la sentencia fue firmada por Pisacco y Vázquez, sin que Pose emitiera su voto ni constara en la causa una justificación formal de su apartamiento. Según la oposición, de ese modo se excluyó el voto del vocal titular designado y se incorporó a una magistrada que, de acuerdo con el reglamento, no debía intervenir. El planteo de la oposición sindical afirma que la rapidez con que se dictó la sentencia buscó neutralizar las recusaciones que se preparaban contra la Sala VI, basadas en actuaciones previas.
Como ejemplo, los denunciantes sostienen que Pose “había emitido opinión y fallado previamente a favor del sector de Barrionuevo en causas conexas —como el expediente 32.645/2025—, desestimando los reclamos opositores y convalidando la actuación de la junta electoral oficialista”. En cuanto a Vázquez, en el expediente paralelo “Sasprizza”, vinculado con el mismo conflicto interno de Gastronómicos, la camarista se había excusado de intervenir por prejuzgamiento. “No obstante, en esta nueva resolución reapareció en el expediente y votó en favor de la conducción sin fundamentar los motivos por los cuales cedieron los impedimentos legales expuestos con anterioridad”, indicó el documento. A Pisacco, en tanto, la oposición le atribuye una "doble vara" en la tramitación del expediente.
Según el planteo, resolvió con rapidez dos medidas cautelares favorables al barrionuevismo y, al mismo tiempo, frenó los recursos presentados para que el tribunal de alzada revisara la validez de los comicios. Ante este escenario, la oposición afirmó que la validez procesal del fallo de la Sala VI está seriamente cuestionada. Mientras tanto, la disputa administrativa e institucional por la conducción y el patrimonio de una de las organizaciones sindicales de mayor peso del país avanza hacia una definición del Máximo Tribunal.
