Buenos Aires, 15 noviembre (NA) – El proyecto de ley de patentes que trataría el Senado el jueves 19 propone adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con reserva del Capítulo II. La iniciativa, que finalmente saldría del Congreso, llevaría el sello del lobby de los laboratorios nacionales y no el de Estados Unidos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. La propuesta no coincide con el texto que reclamaban Washington y las multinacionales.
Desde el primer momento, los laboratorios extranjeros sostuvieron que el PCT debía aprobarse tal como salió del Senado en 1998, sin ninguna reserva. La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que agrupa a las filiales locales de Pfizer, Merck, Roche, Novartis, Bristol Myers Squibb, GSK y Sanofi, y la cámara AmCham enviaron cartas a los legisladores para rechazar cualquier cambio en el texto del tratado. Argumentaron que la reserva “debilita fuertemente el beneficio del sistema”, porque el Capítulo II es la instancia de examen preliminar internacional que permite mejorar la calidad de las solicitudes y reducir la incertidumbre.
Las multinacionales anunciaron en la Casa Rosada una inversión de 8.000 millones de dólares en investigación clínica en la Argentina entre 2026 y 2032, durante un acto con el presidente Javier Milei. El compromiso fue presentado como condicionado al marco de propiedad intelectual. El embajador estadounidense, Peter Lamelas, repite esa inversión en sus apariciones públicas como argumento para acelerar la sanción.
La posición del gobierno de Estados Unidos es aún más exigente que la de las empresas: el PCT forma parte del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), que Milei firmó con Donald Trump el 5 de febrero. Washington desplegó una ofensiva diplomática para destrabar la iniciativa. Lamelas reclamó públicamente su aprobación, mientras que el número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, viajó a Buenos Aires sin lograr que el proyecto llegara al recinto.
También pasaron por el Congreso funcionarios de la oficina comercial USTR, como Jeff Goettmann, y el consejero comercial de la embajada, Joel Reynoso, admitió esta semana que “estamos muy ansiosos” por la sanción. El informe anual de Washington advirtió que supervisará el cumplimiento del ARTI y señaló que la Argentina “sigue planteando desafíos” para las industrias de alta intensidad en propiedad intelectual. En este escenario, la reserva del Capítulo II, impulsada por los laboratorios nucleados en CILFA mediante cartas, números y lobby a cielo abierto, dejaría a la Argentina adherida al tratado con la mitad de su utilidad desactivada.
Entre los 158 países del sistema, solo Uruguay había hecho antes esa reserva. CAEMe terminó aceptando que el PCT “es prioritario, aun con la reserva”, como un avance de una “convergencia progresiva” hacia los estándares internacionales. En los pasillos del Congreso, la lectura es que la ley que avanzaría con el sello del lobby local no conformaría a Estados Unidos.
Además, dejaría los 8.000 millones de dólares condicionados al arbitraje de las empresas y respaldaría el reclamo de Washington de que la Argentina cumple a medias con el acuerdo comercial.
