Buenos Aires, 29 septiembre (NA) — La disputa judicial y gremial por el control de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) continúa esta semana con nuevas presentaciones. El Gobierno prepara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para resistir la convalidación de la conducción de Luis Barrionuevo, mientras que la oposición denunció irregularidades procesales en el fallo que otorgó una certificación provisoria a la lista barrionuevista. La Secretaría de Trabajo elaborará la apelación contra la decisión de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que reconoció a Barrionuevo al frente del sindicato tras las elecciones de fines de 2025.
Por el momento, el área que conduce Julio Cordero no hará comentarios sobre el tema, según supo Agencia Noticias Argentinas. Sin embargo, trascendió que el planteo se relaciona con la posibilidad de recurrir a la última instancia judicial ante fallos adversos a decisiones administrativas. La apelación se suma al conflicto entre el oficialismo y Barrionuevo, luego de la ruptura de su relación con el presidente Javier Milei.
El sindicalista había acordado en 2023 con quien entonces era diputado nacional y candidato a presidente. El pacto contemplaba que el sindicato aportara fiscales para cuidar los votos libertarios en la elección presidencial de octubre, pero en La Libertad Avanza acusaron al ex titular de Chacarita de incumplir esa promesa. Desde entonces, la relación se deterioró y no volvió a recomponerse, con cruces entre ambos que continúan hasta hoy.
En paralelo, la oposición a Barrionuevo también realizó movimientos en el frente judicial. Según supo NA, apoderados de la Lista Gris/Naranja acusaron a la Sala VI de la Cámara laboral de cometer irregularidades al otorgar a Barrionuevo una certificación provisoria de autoridades. Los denunciantes sostuvieron que los magistrados incumplieron reglamentos de la Justicia Nacional para acelerar una sentencia antes de que las partes pudieran recusar con causa a jueces con antecedentes desfavorables y presunto prejuzgamiento en el conflicto.
En el escrito presentado ante los tribunales, al que accedió este medio, se afirmó que el expediente tuvo una alteración no justificada en el orden y la composición del tribunal votante. La notificación oficial indicaba que votarían los camaristas Carlos Pose y Marina Pisacco, y que Gabriela Vázquez intervendría únicamente en caso de disidencia. Sin embargo, la sentencia fue firmada por Pisacco y Vázquez, sin que Pose emitiera su voto ni constara en la causa una justificación formal de su apartamiento.
La oposición señaló que se excluyó el voto del vocal titular designado y se incorporó a una magistrada que, según los reglamentos, no debía intervenir. El planteo sindical sostiene que la rapidez con la que se dictó la sentencia buscó neutralizar las recusaciones que se preparaban contra la Sala VI, basadas en actuaciones anteriores. Como ejemplo, señaló que Pose “había emitido opinión y fallado previamente a favor del sector de Barrionuevo en causas conexas —como el expediente 32.645/2025—, desestimando los reclamos opositores y convalidando la actuación de la junta electoral oficialista”.
En el expediente paralelo “Sasprizza”, vinculado al mismo entramado de la interna gastronómica, Vázquez se había excusado de intervenir por considerar que había incurrido en prejuzgamiento. “No obstante, en esta nueva resolución reapareció en el expediente y votó en favor de la conducción sin fundamentar los motivos por los cuales cedieron los impedimentos legales expuestos con anterioridad”, expuso el documento. A Pisacco, en tanto, la oposición le atribuyó una "doble vara" en el trámite del expediente. Según los denunciantes, resolvió con rapidez dos medidas cautelares favorables al barrionuevismo y, al mismo tiempo, frenó los recursos presentados para que el tribunal de alzada revisara la validez de los comicios.
La oposición consideró que la validez del fallo de la Sala VI quedó seriamente cuestionada en el plano procesal. Mientras tanto, la disputa administrativa e institucional por la conducción y el patrimonio de una de las organizaciones sindicales más poderosas del país avanza hacia una definición del Máximo Tribunal.
