Buenos Aires, 7 octubre (NA) – El Servicio Penitenciario de La Rioja aloja a 552 personas para una capacidad operativa de 287 plazas, según informó este lunes su directora, Analía Tello. La funcionaria confirmó que el proyecto de un nuevo edificio penal está frenado por falta de financiamiento. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las cifras comunicadas por la responsable del organismo representan una ocupación del 192,3% y 265 internos por encima de la capacidad operativa.
La diferencia surge de comparar la población alojada con las plazas que Tello considera efectivamente disponibles. El servicio depende de la administración de Ricardo Quintela. Tello sostuvo que el presupuesto provincial no alcanza para afrontar la inversión del nuevo establecimiento y que la ejecución requiere recursos nacionales o un aporte extraordinario del Gobierno central.
Como antecedente, el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena de 2024 registró 478 personas en la unidad provincial y una capacidad declarada de 408 plazas. Ese registro calculó una sobreocupación del 17,2%. La capacidad oficial registrada entonces y la capacidad operativa informada ahora son categorías distintas.
Por sí solas, no permiten deducir cuántas plazas fueron eliminadas. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura también había examinado el problema. En su informe sobre la inspección de 2024, publicado en 2025, retomó recomendaciones para adecuar los criterios de alojamiento y revisar las medidas alternativas a la prisión.
Además, consideró insuficientes las obras comunicadas por la Provincia. El documento reclamó al Ejecutivo revisar la provisión de productos esenciales de higiene, la limpieza y la calidad de los alimentos. También recomendó fortalecer los equipos que atienden las demandas de las personas detenidas.
Estas observaciones son anteriores al anuncio de este lunes sobre la población actual. El informe del Comité también reclamó fortalecer la atención de salud y los recursos destinados a responder a las demandas de la población detenida. En materia de prevención de suicidios, registró la presentación de un protocolo provincial, aunque señaló la necesidad de trabajar en su desarrollo e implementación.
