La Justicia de San Juan ordenó este jueves 8 de octubre la reanudación inmediata del transporte público en toda la provincia, paralizado por un conflicto salarial en la Red Tulum. La resolución fija multas de un millón de pesos diarios para quienes incumplan la disposición y alcanza a la UTA, ATAP y las empresas concesionarias. La medida cautelar fue dictada por el juez Héctor Rollán, titular del Primer Juzgado Civil, tras una presentación de Fiscalía de Estado ante la continuidad de las medidas de fuerza impulsadas por los trabajadores del transporte.
La decisión establece que la obligación de restablecer el servicio comenzará una vez que las partes sean notificadas formalmente. A partir de ese momento, deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la circulación de los colectivos. El magistrado dispuso que los choferes que mantengan las medidas de fuerza después de recibir la notificación podrán ser sancionados con una multa de $1.000.000 por cada día de incumplimiento.
La resolución también contempla consecuencias para las organizaciones sindicales, sus dirigentes y las empresas involucradas en la prestación del transporte público. La aplicación de las sanciones dependerá de que se constate el incumplimiento de la orden judicial. Si persiste la desobediencia, las actuaciones podrán remitirse a la Fiscalía General para analizar posibles responsabilidades penales.
El fallo menciona los artículos 239 y 106 del Código Penal, relacionados, respectivamente, con la desobediencia a órdenes de autoridad y el abandono de personas. Esto no implica que se hayan determinado responsabilidades penales, sino que la Justicia podrá evaluar esa posibilidad si se incumple lo dispuesto. La orden no está dirigida únicamente a los trabajadores que llevan adelante la protesta.
También exige a las empresas concesionarias y a ATAP poner a disposición las unidades, el personal y la infraestructura necesarios para restablecer el funcionamiento de la Red Tulum. El objetivo es recuperar los recorridos y las frecuencias habituales en el Gran San Juan y en los departamentos donde opera el sistema. La prestación debe realizarse de manera normal, regular, continua e ininterrumpida.
De esta forma, el juez dispuso obligaciones para ambas partes del conflicto laboral, con el propósito de que los usuarios puedan volver a utilizar el servicio. El fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, explicó que la presentación respondió a las consecuencias que estaba generando la paralización del transporte público. El funcionario señaló que la acción de amparo buscó proteger derechos constitucionales afectados por la interrupción del servicio.
Entre ellos mencionó la libre circulación, el acceso al trabajo, la educación y la atención sanitaria. Dávila aclaró que el Gobierno provincial no desconoce el derecho de los trabajadores a realizar reclamos laborales, pero consideró necesario intervenir cuando las medidas de fuerza afectan a otros sectores de la sociedad. Sostuvo que el derecho a huelga debe compatibilizarse con los derechos de las personas que dependen diariamente del transporte público.
El fiscal de Estado también explicó que la multa de un millón de pesos por día fue establecida por el juez Rollán, mientras que Fiscalía de Estado había solicitado que se garantizara la restitución del servicio. Al analizar la presentación del Gobierno provincial, el juez consideró el impacto de una interrupción total del transporte sobre miles de sanjuaninos. La falta de colectivos afecta especialmente a quienes no cuentan con medios alternativos para trasladarse a sus lugares de trabajo, establecimientos educativos o centros de salud.
La resolución plantea que el ejercicio del derecho a huelga debe armonizarse con otras garantías constitucionales. En ese marco, la Justicia entendió que correspondía adoptar una medida urgente para evitar que continuara la paralización del sistema. También se tuvo en cuenta la falta de una prestación mínima que permitiera atender las necesidades de los usuarios durante el conflicto.
La intervención judicial se produjo en medio de las diferencias salariales entre los choferes nucleados en la UTA y las empresas de transporte representadas por ATAP. La protesta comenzó el miércoles 7 de octubre y continuó durante este jueves, pese a que la Subsecretaría de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria. Los trabajadores reclaman el cumplimiento de acuerdos salariales y el pago de diferencias que, según el gremio, las empresas mantienen pendientes.
Desde el sector sindical señalaron que el conflicto responde a incumplimientos reiterados en la liquidación de los haberes. Por su parte, las empresas vienen planteando dificultades económicas para afrontar los compromisos salariales. La falta de acuerdo interrumpió el servicio durante dos jornadas consecutivas y motivó la intervención del Gobierno provincial.
Después de conocerse la resolución, el fiscal de Estado confirmó que la notificación judicial había sido realizada a las partes involucradas. Esto significa que tanto las empresas como los trabajadores quedaron formalmente alcanzados por la obligación de restablecer el transporte. Dávila advirtió que el incumplimiento puede derivar en sanciones económicas y en la remisión de las actuaciones al ámbito penal.
Sin embargo, la notificación de la orden no implica que el servicio ya se encuentre completamente normalizado. La recuperación de las frecuencias dependerá del cumplimiento efectivo de lo dispuesto por el juez y de la puesta en circulación de las unidades. Con la resolución judicial vigente, el conflicto ingresó en una nueva etapa.
Si los trabajadores mantienen las retenciones de tareas o las empresas no garantizan las condiciones necesarias para prestar el servicio, podrían activarse las sanciones previstas. La Justicia también podrá evaluar eventuales incumplimientos y remitir las actuaciones a la Fiscalía General. Mientras tanto, las negociaciones salariales entre UTA y ATAP deberán continuar por las vías correspondientes.
La medida cautelar no resuelve las diferencias económicas entre los trabajadores y las empresas, sino que busca garantizar el funcionamiento del transporte mientras se desarrolla el conflicto. La prioridad inmediata es que los colectivos de la Red Tulum vuelvan a circular con normalidad en San Juan, tras dos jornadas de interrupción que afectaron a miles de usuarios. La decisión del juez Héctor Rollán establece obligaciones concretas para las partes y contempla multas diarias de un millón de pesos ante eventuales incumplimientos.
