El paro de colectivos en San Juan se levantó este jueves 8 de octubre, luego de un acuerdo entre representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), empresarios de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) y funcionarios del Gobierno provincial. La medida había comenzado durante la madrugada del miércoles y dejó sin servicio de corta y media distancia a miles de usuarios sanjuaninos. El entendimiento se alcanzó después de más de siete horas de conversaciones en la Subsecretaría de Trabajo.
Tras confirmarse, la conducción gremial comunicó a los choferes que debían retomar sus actividades y las unidades comenzaron a circular progresivamente durante la tarde del jueves. El sistema de transporte inició así su proceso de normalización, aunque las negociaciones salariales continuarán porque quedan montos pendientes de pago. Uno de los puntos centrales fue el reconocimiento de las diferencias salariales reclamadas por los trabajadores.
Desde la UTA informaron que las empresas se comprometieron a depositar este viernes 9 de octubre un promedio de $300.000 por trabajador, correspondiente a parte de las diferencias acumuladas hasta septiembre. También se informó de otro pago de $60.000 previsto para el 15 de octubre, mientras siguen las conversaciones para definir cómo se cancelarán los montos restantes. El secretario de Finanzas de la UTA, Antonio Ruiz, explicó que, según los cálculos del sector sindical, las diferencias salariales pendientes rondarían los $800.000 por trabajador.
El acuerdo permitió destrabar la medida de fuerza, pero no resolvió la totalidad del reclamo económico. El acuerdo salarial contemplaba un incremento del 10,5% y una actualización de los viáticos, conceptos que habían generado diferencias entre las empresas y los trabajadores. Ricardo Salvá, representante de ATAP, confirmó el levantamiento del paro y señaló que en la audiencia se trataron tanto las obligaciones salariales como las dificultades económicas de las empresas.
Salvá reconoció que el incremento reclamado por los choferes formaba parte de un acuerdo previamente establecido. Sin embargo, sostuvo que las compañías no tenían los recursos necesarios para cumplir esos compromisos debido a la falta de actualización de la estructura de costos del sistema. Según explicó el representante empresario, las empresas llevan siete meses sin una recomposición de esos valores, situación que, de acuerdo con su planteo, afecta su capacidad financiera para afrontar los incrementos salariales.
En las negociaciones también se trató la participación del Gobierno provincial en el esquema económico para avanzar con los pagos comprometidos. Desde el sector empresario indicaron que la Provincia asumió el compromiso de reconocer parte de las sumas necesarias para facilitar el cumplimiento del acuerdo. Antes del entendimiento entre choferes y empresarios, el conflicto había llegado a la Justicia provincial.
La Fiscalía de Estado presentó una medida cautelar para solicitar el restablecimiento inmediato del servicio, ante las consecuencias que la paralización generaba entre los usuarios. El juez Héctor Rollán, del Primer Juzgado Civil, aceptó el planteo, ordenó el cese de las medidas de fuerza y dispuso que las partes garantizaran la prestación habitual del transporte público. La resolución judicial alcanzaba a la UTA, a ATAP y a las empresas concesionarias del servicio.
También contemplaba sanciones económicas de hasta un millón de pesos diarios ante determinados incumplimientos de la orden, además de la posibilidad de remitir actuaciones a la Justicia penal. Aunque la medida judicial se conoció durante las primeras horas de la tarde, los colectivos no retomaron inmediatamente sus recorridos. La circulación empezó a restablecerse una vez concluidas las negociaciones en la Subsecretaría de Trabajo y confirmado el levantamiento de la protesta.
El conflicto salarial todavía no está completamente cerrado, pese a que los colectivos volvieron a circular. La conciliación obligatoria seguirá vigente y está prevista una nueva instancia de negociación entre representantes sindicales y empresariales. En esas conversaciones deberán tratarse las diferencias económicas que no quedaron canceladas con el primer compromiso de pago.
También sigue abierta la discusión sobre la estructura de costos del transporte público provincial, uno de los principales planteos que las empresas presentaron durante el conflicto. La medida de fuerza había afectado la movilidad de trabajadores, estudiantes y usuarios que dependen diariamente de los colectivos para trasladarse dentro de San Juan. Con el acuerdo alcanzado durante la tarde del jueves, el servicio comenzó a recuperarse y se espera que funcione con normalidad este viernes 9 de octubre.
La atención estará puesta ahora en el cumplimiento de los depósitos comprometidos y en las próximas reuniones, que deberán definir cómo se resolverán las diferencias salariales pendientes.
