Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) – La fiscal Cecilia Incardona pidió procesar a Ariel Vallejo y dictarle prisión preventiva en la causa Sur Finanzas. Fundó el pedido en el incumplimiento de las condiciones de su libertad y en la existencia de “riesgo de fuga”. En un escrito de 249 páginas al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, solicitó al juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte que procese a otras 13 personas y a algunas de las empresas ligadas al financista.
También pidió trabar embargos sobre los imputados. Incardona sostuvo que Vallejo condujo una asociación ilícita “y decidió cada uno de los hechos de lavado que se le atribuyen”. Además, afirmó que el lavado de activos fue “una práctica habitual” y que se realizó a través de las empresas de su grupo.
En el marco de la investigación contra Ariel Vallejo, allanaron dos bancos. Según la hipótesis de la fiscalía, el financista ligado a la AFA “construyó, entre 2020 y 2025, un conjunto de sociedades que funcionó como una sola caja para convertir dinero de origen ilícito, cambiario, de la intermediación financiera no autorizada, de la evasión impositiva y previsional y, a través de terceros, del juego ilegal, en patrimonio con apariencia lícita”. La acusación incluye la adquisición de Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio que Vallejo tomó junto a su mamá, Graciela Beatriz Vallejo, y Silvia Torrado.
Según el dictamen, con esa operación infringió el Régimen Penal Cambiario y obtuvo ganancias que luego utilizó para fundar Sur Finanzas Group S.A. y comprar su Casa Central en Adrogué. Más tarde, compró Neblockchain S.A., una empresa con licencia para proveer servicios de pago que luego se transformó en Sur Finanzas PSP S.A. La fiscalía señaló que esa compañía fue “la caja de entrada del grupo, por medio de billeteras virtuales abiertas a nombre de personas sin capacidad económica que lo justificara y de los camiones de caudales con que sus empleados depositaban el efectivo”. “Cuando la agencia fue sancionada y pidió su baja como operadora de cambio, la vació transfiriendo esos activos hacia las cuentas personales de su madre y las suyas y, desde ellas, a otras dos agencias de cambio del grupo, a plazos fijos y a la compra de bienes”, enfatizó Incardona.
Vallejo también está acusado de retener los aportes de sus empleados y no depositarlos. Según la fiscal, esos montos “se confundieron con los demás fondos de las sociedades que debían ingresarlos”. Además, las empresas habrían evadido impuestos sobre los créditos y débitos bancarios por $10.325.971.474,97. “Cada acto tuvo la misma forma y en cada uno lo que hay detrás son delitos, no un negocio”, remarcó la fiscal.
El financista está detenido luego de que el juez dispusiera su aprehensión para que fuera indagado. Incardona cuestionó su conducta ante la Justicia y pidió que la detención se convierta en prisión preventiva por considerar que existe “riesgo de fuga”. Tras ser detenido, Ariel Vallejo declaró ante la Justicia y rechazaron su liberación.
La fiscal resaltó que Vallejo “no cumplió las condiciones bajo las cuales se le había permitido transitar el proceso en libertad”, ya que “no se presentó mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, no residía en el domicilio que había declarado, no fue hallado en el nuevo domicilio que denunció y no entregó la totalidad de los rodados cuyo secuestro se había ordenado”. En el dictamen, Incardona también solicitó el procesamiento de Graciela Beatriz Vallejo, Silvia Torrado, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Salvador Carrozza, Jonathan Leonardo Ledesma, Maite Sofía Lorenzo, Juan Ramón Cervín, Sergio Gabriel Da Silveira, Rolando Esteban Soloaga, Daniela Eliana Sánchez, Micaela Alejandra Sánchez, Susana Beatriz Hoffmann y Nahiara Gamarra. El pedido alcanza además a Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Cluster Palace Beach S.A., Roma Inversiones S.A. y Gestiones San Miguel S.A.
