La defensa del expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz, pidió que la investigación por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum deje los tribunales sanjuaninos y pase a Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires. Para eso, presentó una inhibitoria ante el Juzgado Federal N° 1 de Comodoro Py. El planteo ingresó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, donde el juez interino Daniel Rafecas le dio curso inicial el 13 de octubre.
Antes de resolver, el magistrado solicitó informes a la UFI Delitos Especiales de San Juan y a la jueza de Garantías Mónica Lucero. Rafecas pidió conocer el objeto de la investigación, las medidas realizadas hasta ahora y el estado del expediente provincial. La presentación, registrada bajo el número CFP 5004/2026, no implica que la causa haya cambiado de jurisdicción ni que el juez haya resuelto que debe quedar en manos de la Justicia Federal.
Por ahora, se abrió una instancia previa para reunir antecedentes y determinar si existen razones jurídicas suficientes para discutir formalmente la competencia con la Justicia de San Juan. La defensa pretende que Lucero se aparte del expediente y que las actuaciones sean remitidas a Comodoro Py, aunque primero deberán evaluarse los argumentos presentados. El pedido se basa principalmente en la estructura financiera utilizada para construir el Acueducto Gran Tulum.
Según el planteo de Ruiz, el proyecto demandó una inversión cercana a los 198 millones de dólares y tuvo como objetivo garantizar el abastecimiento de agua potable a más de un millón de habitantes. El financiamiento combinó aportes directos del Estado nacional, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, con créditos internacionales del Fondo Kuwaití y del Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional, conocido como OFID. De acuerdo con la presentación, los préstamos también contaron con aval y garantía solidaria del Estado nacional.
La defensa utiliza ese aspecto para sostener que una eventual afectación patrimonial no debería analizarse únicamente desde el punto de vista de los recursos provinciales. El abogado Nasser Uzair, representante de Sergio Ruiz, argumentó que, si hubo irregularidades vinculadas con la ejecución de la obra, el posible perjuicio también podría haber alcanzado fondos y recursos del Estado nacional. Además, la defensa sostiene que organismos y funcionarios nacionales participaron en distintas instancias del proyecto, entre ellas tareas de supervisión, auditorías, control de ejecución y autorización de desembolsos.
Sobre esa base, reclama que la investigación quede a cargo de un juez federal y no se limite al ámbito judicial de San Juan. La inhibitoria es el mecanismo por el cual una parte le pide a un juez que considera competente que intervenga y solicite a otro tribunal que deje de actuar en una causa. En este caso, la defensa de Ruiz busca que la Justicia Federal analice si corresponde asumir la investigación y, eventualmente, requiera a la Justicia provincial que remita el expediente.
Todavía no hay una resolución en ese sentido. Rafecas deberá analizar primero los informes solicitados y luego determinar si existen fundamentos para avanzar en una disputa de competencia. El planteo en Comodoro Py se produjo mientras avanza la investigación en San Juan.
La Fiscalía había convocado para este miércoles 14 de octubre a una audiencia de formalización, en la que fueron notificadas 11 personas vinculadas con distintas etapas del proyecto. Entre ellas están el exgobernador Sergio Uñac, Cristian Andino, Sergio Ruiz y otros exfuncionarios y personas relacionadas con la obra. La notificación y la convocatoria a la audiencia no constituyen por sí mismas una declaración de responsabilidad penal.
La formalización tiene como objetivo que la Fiscalía exponga los hechos que pretende investigar y la participación que atribuye preliminarmente a cada una de las personas alcanzadas. La presentación ante la Justicia Federal también cuestiona el criterio utilizado por la investigación provincial para determinar quiénes fueron convocados. Uzair objetó que Cristian Andino haya sido incluido por haber presidido OSSE y planteó por qué no se aplicó un criterio similar a otras personas que participaron en etapas anteriores del proyecto.
Entre ellas mencionó al exgobernador José Luis Gioja, a quien la defensa vincula políticamente con el inicio de la obra. También hizo referencia a José Luis Beltrán, actual presidente de OSSE, a quien atribuye participación en tareas de auditoría y firma de etapas del proyecto durante una gestión anterior. Estos cuestionamientos forman parte de la estrategia de la defensa y no constituyen conclusiones judiciales ni acreditan irregularidades en la actuación de la Fiscalía.
En una comunicación difundida junto con el planteo judicial, Uzair cuestionó la investigación provincial y afirmó que buscan una pesquisa independiente. “Queremos una investigación independiente del poder y una Justicia transparente”, expresó.
