La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este miércoles que la administración de Donald Trump no podrá aplicar, por el momento, una política que restringe tratamientos médicos para reclusos transgénero en el sistema penitenciario federal. El máximo tribunal rechazó una apelación de emergencia del Departamento de Justicia, que buscaba dejar sin efecto una orden de un tribunal de distrito y permitir la entrada en vigencia de las nuevas normas. La política cuestionada suspendía tratamientos quirúrgicos, terapias hormonales y determinadas adaptaciones sociales para personas diagnosticadas, o que pudieran ser diagnosticadas, con disforia de género.
La mayoría de los jueces mantuvo vigente la orden que impide aplicar las restricciones mientras continúa el proceso judicial. Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas expresaron que habrían permitido que la administración Trump implementara los cambios. El Gobierno había solicitado la intervención de la Corte Suprema el mes pasado y argumentó que las medidas eran necesarias para garantizar la seguridad institucional en las prisiones federales.
La controversia llegó al máximo tribunal a partir de una demanda presentada por una mujer transgénero y dos hombres transgénero detenidos en prisiones federales. Sus abogados señalaron que la Oficina de Prisiones proporciona tratamientos hormonales a personas con disforia de género desde 1992. También sostuvieron que la nueva política habría obligado a interrumpir los tratamientos médicos de casi 1.000 reclusos bajo custodia federal.
Li Nowlin-Sohl, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, representó a quienes cuestionaron las normas y destacó la decisión de la Corte Suprema. “Negar la atención médica necesaria, incluyendo la atención médica de afirmación de género, a las personas encarceladas constituye una violación de sus derechos constitucionales fundamentales”, afirmó. Además, señaló: “Seguiremos defendiendo los derechos de nuestros clientes y de todas las personas privadas de libertad”. El conflicto comenzó después de que Trump emitiera una orden ejecutiva que prohibía utilizar fondos federales para financiar determinados procedimientos o tratamientos médicos destinados a reclusos transgénero bajo custodia de la Oficina de Prisiones.
A partir de esa decisión, el organismo estableció en febrero una política que determinaba que no proporcionaría cirugías ni terapia hormonal para tratar la disforia de género. Para quienes ya recibían tratamientos hormonales, las normas contemplaban un esquema de reducción gradual hasta su interrupción. Las disposiciones también incluían limitaciones sobre distintos elementos vinculados con las adaptaciones sociales dentro de las prisiones.
Entre esos elementos se encontraban rellenos para el pecho, fajas compresoras, pelucas y maquillaje para reclusos diagnosticados con disforia de género. La Oficina de Prisiones había argumentado que los cambios buscaban adecuar sus reglas a la orden ejecutiva presidencial y establecer criterios que, según el organismo, estuvieran alineados con información científica actualizada y con las necesidades de seguridad y administración penitenciaria. Con la resolución de la Corte Suprema, las modificaciones permanecerán bloqueadas mientras continúa el proceso judicial que determinará si la política impulsada por la administración Trump puede aplicarse en el sistema penitenciario federal.
