Buenos Aires, 23 octubre (NA) – La Municipalidad de Florencio Varela, conducida por Andrés Watson, solicitó modificar el destino de un subsidio de $36 millones otorgado en 2023 para construir una sala de extracción de miel, luego de informar que no podía concretar la obra. La reformulación elevó los aportes provinciales a $86 millones para adquirir maquinaria vial. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el cambio quedó asentado en la Resolución 321-MDAGP-2026 del Ministerio de Desarrollo Agrario, firmada el 17 de septiembre y publicada el martes 20 de octubre.
La medida aprobó una adenda al convenio original y un aporte adicional de $50 millones. El acto incluye dos presentaciones municipales en las que se solicitó modificar el objeto de la asistencia por la imposibilidad de ejecutar el proyecto inicial. El nuevo destino aprobado es la compra de una minicargadora y un rodillo pata de cabra para mejorar caminos rurales.
El antecedente es la Resolución 351 de 2023, que autorizó el convenio y el financiamiento de la sala de extracción. La nueva decisión cambia esa finalidad y suma recursos para equipamiento vial, en lugar de completar la infraestructura apícola prevista. La Fiscalía de Estado advirtió que era necesario reforzar los controles, en consideración al tiempo transcurrido desde el otorgamiento de los fondos.
Su intervención estuvo orientada a evitar perjuicios patrimoniales y fue incorporada a los fundamentos de la resolución. Para librar la nueva orden de pago, el Ministerio exigió que la comuna presentara documentación respaldatoria del procedimiento de adquisición. La autorización del subsidio no acredita que los $50 millones adicionales ya hayan sido transferidos ni que la maquinaria haya sido entregada.
El expediente también incluye una evaluación de razonabilidad técnica de Vialidad bonaerense y observaciones que el Municipio se comprometió a atender. La comuna asumió el pago de las diferencias de costos que pudieran surgir respecto del financiamiento acordado. Un informe técnico incorporado al trámite propuso convalidar los plazos vencidos y otorgar una prórroga de 120 días para el nuevo proyecto.
La normativa exige rendir cuentas con documentación ante el Tribunal de Cuentas y comunicar la medida al Concejo Deliberante local.
