Christa Pike, una mujer de 50 años condenada a muerte en Tennessee, Estados Unidos, fue trasladada a un hospital luego de que fracasara el intento de ejecutarla mediante una inyección letal. Su defensa informó a la BBC que recibía “medidas para salvarle la vida” en una clínica, después de que le administraran dos jeringas de pentobarbital. Hasta el momento, no se han dado a conocer todos los detalles de lo que salió mal durante el procedimiento.
Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años. La ejecución estuvo sujeta a una batalla legal que se extendió hora tras hora el miércoles. El procedimiento fallido es el segundo de este tipo registrado en Tennessee durante el año.
En mayo, las autoridades aplazaron la ejecución de Tony Carruthers, condenado por el secuestro y asesinato de tres personas en 1994. El personal penitenciario no había logrado encontrarle una vena para administrarle la dosis letal. Desde 1976, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la prohibición temporal de la pena de muerte, se ejecutó a 1.683 personas en el país, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
Las mujeres representan casi el 1% del total: 18 fueron ejecutadas. Los registros del DPIC contabilizan 47 ejecuciones en 2025, la cifra anual más alta desde 2009 y un incremento respecto de las 25 de 2024. A la vez, el apoyo de la población estadounidense a la pena capital está en su nivel más bajo en cinco décadas.
Una encuesta reciente de Gallup indicó que el 52% de las personas consultadas respaldaba la pena de muerte en 2025. En tanto, el 44% se manifestaba en contra, el nivel de oposición más alto registrado por la firma desde mayo de 1966. Los métodos de ejecución y la escasez de fármacos En el último medio siglo, los estados que aplican la pena de muerte recurrieron a cinco métodos principales.
La inyección letal es, por amplia diferencia, el más utilizado: representa el 89% de las ejecuciones realizadas desde 1976. Todos los estados que actualmente ejecutan a personas la usan, aunque muchos también permiten alternativas. La horca no se utiliza en ningún estado desde 1996, cuando Delaware ejecutó a Billy Bailey.
Nuevo Hampshire la había mantenido como último recurso si no se podía realizar una inyección letal, pero abolió la pena de muerte en 2019. La derogación no tuvo efecto retroactivo: un preso sigue condenado a muerte en ese estado, donde no se realizan ejecuciones desde 1939. La pena capital continúa siendo legal en 27 estados y también está contemplada en la legislación federal y militar.
California, Ohio, Oregón y Pensilvania suspendieron las ejecuciones, mientras que en muchos otros estados donde la pena de muerte sigue vigente no se ejecuta a nadie desde hace años. Florida concentró 19 ejecuciones en 2025, cerca del 40% del total nacional. Durante años, muchos estados utilizaron un protocolo de tres fármacos para las inyecciones letales.
Uno de los medicamentos más usados fue el tiopental sódico, pero las empresas farmacéuticas se opusieron cada vez más a que sus productos se destinaran a ejecuciones. Los fabricantes dejaron de suministrarlos para ese fin y las restricciones europeas a las exportaciones redujeron aún más la disponibilidad. Frente a esa situación, numerosos estados comenzaron a utilizar pentobarbital como único fármaco.
La dosis elevada de este barbitúrico busca suprimir la actividad cerebral y la respiración. En ese momento, estaba ampliamente disponible en Estados Unidos: en cantidades menores se utilizaba como sedante y para controlar convulsiones, y también era habitual en veterinaria para la eutanasia de animales. En 2019, el gobierno federal adoptó un protocolo de una sola droga y también utilizó pentobarbital, pese a la escasez.
Como alternativa, muchos estados recurrieron a farmacias de formulación magistral, que preparan medicamentos a medida y están sujetas a una regulación menos estricta que los fabricantes farmacéuticos. Además, varios estados aprobaron leyes para mantener en secreto la identidad de los proveedores, por lo que a menudo se desconoce el origen de las sustancias utilizadas. A pesar de las dificultades de abastecimiento, un memorando de 48 páginas del Departamento de Justicia, publicado en abril, calificó el pentobarbital como “el estándar de oro de los fármacos para la inyección letal”.
El DPIC advierte que los problemas para obtener legalmente los medicamentos llevaron a algunos estados a probar nuevas drogas y combinaciones. Según la organización, esos cambios dieron lugar a ejecuciones prolongadas en las que los presos mostraron signos de dolor y sufrimiento. La escasez también aumentó los costos.
En 2014, el gobernador de Oklahoma suspendió las ejecuciones tras el fracaso de una inyección letal. Luisiana, por su parte, pasó 15 años sin ejecutar a nadie porque no podía conseguir los fármacos necesarios. La pausa terminó el 18 de marzo de 2025, cuando Jessie Hoffman Jr. fue ejecutado mediante hipoxia por nitrógeno.
El memorando del Departamento de Justicia publicado en abril también ordenó a las prisiones federales ampliar la variedad de métodos de ejecución e incluir pelotones de fusilamiento, asfixia con gas y electrocución. El organismo sostuvo que la medida “fortalecería” la pena de muerte al “disuadir los crímenes más bárbaros, hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre largamente esperado a los seres queridos sobrevivientes”. Cambios en la política federal y métodos alternativos El gobierno de Joe Biden, quien ocupó la presidencia entre 2021 y 2025, había establecido una moratoria para la mayoría de las ejecuciones federales.
Antes de dejar el cargo, Biden conmutó las condenas de 37 de los 40 presos sentenciados a muerte en el sistema federal. Donald Trump, defensor de la pena capital desde hace mucho tiempo, ordenó al Departamento de Justicia reanudar la solicitud de ejecuciones el primer día de su regreso a la presidencia, en enero de 2025. La electrocución, que alguna vez fue uno de los métodos predominantes, actualmente se utiliza poco.
Nueve estados autorizan la electrocución. Carolina del Sur la estableció como método predeterminado, mientras que los otros ocho la mantienen como una opción o alternativa a la inyección letal, su método principal. Desde 1976 se realizaron 163 ejecuciones por electrocución, pero solo 19 desde el año 2000.
La ejecución por electrocución más reciente tuvo lugar en Tennessee, en 2020. Los pelotones de fusilamiento también fueron considerados durante años un método del pasado, pero Carolina del Sur reanudó las ejecuciones por fusilamiento en 2025. Idaho convirtió ese método en su principal forma de ejecución en julio de 2026, tras las dificultades para conseguir los fármacos necesarios para la inyección letal.
Alabama fue el primer estado en realizar una ejecución mediante hipoxia por nitrógeno, en 2024. Luisiana también aplicó ese método en marzo de 2025. La hipoxia por nitrógeno consiste en privar de oxígeno al prisionero al obligarlo a respirar nitrógeno puro.
Sus defensores la describen como una alternativa práctica a la inyección letal; sus críticos sostienen que no ha sido probada suficientemente y que plantea serias preocupaciones éticas. Las objeciones legales y el impacto de las ejecuciones Quienes se oponen a la pena de muerte señalan que las dificultades para obtener los fármacos de la inyección letal y los problemas reiterados durante las ejecuciones ponen en duda que puedan llevarse a cabo de manera humana. Las impugnaciones judiciales suelen enfocarse en el riesgo de que determinados protocolos farmacológicos provoquen dolor o sufrimiento innecesarios.
Activistas sostienen que esas prácticas podrían violar la prohibición constitucional de Estados Unidos contra los castigos crueles e inusuales. Los críticos también cuestionan la falta de transparencia. En algunos estados se mantiene en secreto quiénes son los proveedores, lo que dificulta verificar el origen y la calidad de las sustancias utilizadas.
Otros plantean que las consecuencias de las ejecuciones no afectan únicamente a los presos y a las familias de las víctimas. En una entrevista con la BBC en 2014, Allen Ault, quien dirigió el sistema penitenciario de Georgia durante la década de 1990, describió el impacto psicológico duradero que pueden tener las ejecuciones sobre guardias, funcionarios de prisiones, personal médico y testigos. “Todavía tengo pesadillas”, dijo Ault. “Es la forma de asesinato más premeditada que uno pueda imaginar y se queda grabada en la mente para siempre”. El artículo original fue escrito en inglés, traducido mediante una herramienta de inteligencia artificial y revisado por un periodista de la BBC.
