El Congreso de los Diputados de España rechazó este viernes 2 de octubre los dos decretos ley impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez para afrontar la crisis de vivienda. La sesión extraordinaria estuvo marcada por las diferencias entre el Ejecutivo y distintos bloques parlamentarios. Las dos iniciativas habían sido aprobadas el martes por el Consejo de Ministros, pero necesitaban la convalidación del Congreso para mantener su vigencia.
El primer texto fue rechazado por 178 votos contra 172, mientras que el segundo obtuvo 184 votos en contra y 166 a favor. La decisión derogó los dos reales decretos ley y quedó formalmente recogida en el Boletín Oficial del Estado. PP, Vox y Junts estuvieron entre las fuerzas que rechazaron ambas iniciativas.
El primero de los decretos reunía la mayor parte de las medidas elaboradas por el Gobierno para intervenir en el mercado de la vivienda. Incluía disposiciones sobre alquileres por temporada, incentivos fiscales para propietarios que redujeran las rentas y la suspensión temporal de desahucios de personas vulnerables sin una alternativa habitacional. También contemplaba una limitación temporal de determinadas adquisiciones de viviendas, medidas para reforzar la protección de los inquilinos y disposiciones para acreditar la condición de gran tenedor.
El texto incorporaba, además, modificaciones tributarias relacionadas con diferentes impuestos. La iniciativa obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra, por lo que no superó el trámite parlamentario. Entre quienes votaron en contra estuvieron el Partido Popular (PP), Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN).
La segunda votación correspondió a otro real decreto ley, destinado específicamente a reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual. La propuesta recibió 166 votos a favor y 184 en contra. En esta votación, al bloque opositor integrado por PP, Vox, Junts y UPN se sumaron el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria.
La norma establecía que, una vez cumplidos al menos cinco años de contrato —o siete cuando el propietario fuera una persona jurídica—, el alquiler pudiera prorrogarse obligatoriamente por períodos sucesivos. El decreto también contemplaba determinadas indemnizaciones para los inquilinos cuando el propietario resolviera no continuar con el alquiler, aunque establecía excepciones para situaciones específicas. Ninguna de sus disposiciones pudo mantenerse vigente tras la votación.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, intervino durante la sesión para defender las iniciativas y pedir el apoyo de los diputados. Antes de las votaciones, advirtió sobre las consecuencias que, desde la posición del Ejecutivo, tendría el rechazo de las medidas. “Hagan lo correcto o la historia les juzgará antes de lo que creen”, manifestó el mandatario durante su intervención en el Congreso. El Gobierno había mantenido negociaciones hasta último momento para intentar conseguir los votos necesarios.
La decisión de Junts de mantener su rechazo terminó siendo determinante para el resultado de las votaciones. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, fue una de las encargadas de defender las medidas ante el Congreso. Rodríguez pidió a Junts que votara a favor o, al menos, se abstuviera, para permitir que el primer decreto continuara vigente y pudiera tramitarse posteriormente como proyecto de ley.
La formación catalana había solicitado previamente al Ejecutivo que retirara los dos decretos y trabajara en una nueva propuesta. El Gobierno rechazó esa alternativa y decidió mantener ambos textos para someterlos a votación. Finalmente, Junts votó en contra de las dos iniciativas.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defendió el segundo decreto, referido a la estabilidad de los contratos de alquiler. El funcionario cuestionó a las fuerzas que habían anticipado su voto negativo y sostuvo que las medidas buscaban aumentar la protección de los inquilinos. El segundo decreto había sido impulsado por Sumar a instancias del Sindicato de Inquilinas.
Entre otras disposiciones, establecía prórrogas en determinados contratos de alquiler y mantenía mecanismos extraordinarios para situaciones de vulnerabilidad social y económica y para viviendas ubicadas en zonas consideradas de mercado residencial tensionado. La derogación de los decretos hizo caer un conjunto de disposiciones que el Gobierno había presentado para responder a los problemas relacionados con el acceso a la vivienda. Entre ellas estaba la suspensión de determinados…
