Buenos Aires, 2 de octubre (NA).- Estados Unidos intensificó la presión diplomática y comercial sobre la Argentina para que cumpla un compromiso pendiente del acuerdo bilateral vigente: prohibir formalmente la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso. El mensaje de la Casa Blanca se conoció en paralelo al fortalecimiento de los vínculos bilaterales, marcado por la confirmación de la visita oficial del vicepresidente estadounidense, JD Vance, a Buenos Aires en noviembre. Allí se reunirá con el presidente de la Nación, Javier Milei.
El planteo comercial fue formalizado por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, durante la cumbre de ministros de Comercio del G20, celebrada en Milwaukee. En ese marco, Washington impulsó una declaración conjunta suscripta por la Argentina y México para erradicar el trabajo forzoso de las cadenas globales de suministro. “Felicito a mis colegas de México y la Argentina por ponerse del lado de la realidad moral y económica y reconocer que el trabajo forzoso sigue existiendo como un problema aberrante de derechos humanos que distorsiona las cadenas globales de suministro”, sostuvo Greer en un comunicado oficial emitido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). El funcionario señaló que distintas naciones advierten la urgencia de abordar el problema y ratificó que Washington seguirá instando a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para limpiar el comercio exterior de prácticas de explotación laboral.
La nueva declaración conjunta no implica una modificación inmediata de las regulaciones internas del Gobierno argentino. Sin embargo, vuelve a poner bajo revisión un compromiso asumido por el país hace ocho meses que todavía está demorado. La exigencia está establecida en el artículo 2.9 del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, pactado en noviembre y suscripto formalmente en febrero.
Allí, la administración nacional se comprometió a adoptar e instrumentar una prohibición efectiva de la adquisición internacional de bienes obtenidos total o parcialmente bajo condiciones de trabajo forzoso, aunque no se fijó un plazo perentorio para su implementación. Aunque la legislación argentina prevé severas sanciones penales y laborales para el trabajo esclavo en el ámbito doméstico, el país no cuenta con mecanismos específicos en las fronteras para bloquear el ingreso de mercaderías producidas bajo esas irregularidades en el extranjero. La falta de herramientas aduaneras punitivas ya tiene repercusiones concretas para el sector exportador local.
Desde el 24 de julio, la administración estadounidense aplica aranceles adicionales a los envíos de unas 60 economías, incluida la Argentina, tras concluir una investigación amparada en la Sección 301 de su ley comercial. El análisis determinó que esos países carecen de prohibiciones efectivas contra la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. A partir de los compromisos incluidos en el entendimiento bilateral, la Argentina quedó en el segmento arancelario más favorable, con una tasa del 10% y determinadas excepciones sectoriales estipuladas por la USTR.
Esa posición es compartida con México y tiene como objetivo explícito alentar el cumplimiento total de los acuerdos comerciales asumidos por ambos países.
