La fiscal federal Paula Ochoa solicitó nuevas medidas de prueba para establecer si funcionarios del Gobierno de Javier Milei participaron en el traslado de Flávio Bolsonaro desde Brasil hacia Estados Unidos. La investigación, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, se centra en el vuelo que partió desde Puerto Iguazú con destino a Miami. La Justicia federal busca determinar si se utilizaron recursos del Estado argentino para facilitar la salida del hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro dejó Brasil y viajó a Estados Unidos a través de territorio argentino, pese a las restricciones judiciales vigentes en su país. Ochoa presentó este jueves 5 de noviembre un requerimiento de medidas de prueba ante Capuchetti, titular del Juzgado Federal N.º 5. El objetivo es profundizar la investigación sobre el traslado y establecer si se destinaron fondos públicos al viaje o si integrantes del Gobierno nacional intervinieron en su organización.
La causa comenzó a partir de una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei. Luego, la presentación se amplió para incluir a otros funcionarios y personas vinculadas con organismos estatales. Hasta el momento, no está acreditado que se hayan utilizado fondos públicos ni se determinaron responsabilidades penales.
Las nuevas medidas buscan reunir información para esclarecer las circunstancias del traslado. El requerimiento de la fiscalía se suma a las actuaciones preliminares que se desarrollan en los tribunales federales de Comodoro Py. Ochoa pretende determinar si el viaje desde Puerto Iguazú hasta Miami contó con asistencia financiada por el Estado argentino y si hubo gestiones de funcionarios nacionales para facilitarlo.
El expediente se concentra en el vuelo que partió desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones, después de que Bolsonaro ingresara a la Argentina desde Brasil. La presentación de la fiscal se incorpora a las medidas que Capuchetti ya había dispuesto para reconstruir el recorrido del dirigente y reunir elementos que permitan establecer si durante su paso por el país se cometió algún delito. Antes del requerimiento de la fiscalía, la jueza había ordenado obtener información sobre el ingreso y la salida de Flávio Bolsonaro.
Entre las medidas dispuso preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes a su paso por la frontera entre Brasil y Argentina. Los registros solicitados incluyen imágenes del cruce fronterizo, de los controles de Migraciones y del aeropuerto de Puerto Iguazú. La documentación permitirá reconstruir el recorrido desde su ingreso al país hasta que abordó el avión rumbo a Estados Unidos.
La Justicia también busca establecer quiénes participaron de las distintas instancias del traslado y si hubo procedimientos especiales durante la permanencia de Bolsonaro en territorio argentino. Las medidas integran una investigación preliminar destinada a esclarecer las circunstancias del viaje. Capuchetti pidió, además, información a la Cancillería argentina y al Ministerio de Seguridad sobre la situación judicial que tenía Bolsonaro cuando ingresó al país.
La solicitud apunta a determinar si las autoridades nacionales habían recibido comunicaciones, alertas o restricciones relacionadas con el dirigente brasileño. El pedido se vincula con que Bolsonaro dejó Brasil después de que la Justicia de ese país dispusiera una prohibición para salir del territorio nacional. La investigación deberá establecer si existían comunicaciones oficiales sobre esa restricción y si fueron informadas a los organismos encargados de controlar el tránsito fronterizo.
La información que aporten ambas dependencias será incorporada al expediente que tramita ante el Juzgado Federal N.º 5. Tras la denuncia inicial de Solano contra Milei, el dirigente del Partido Obrero amplió la presentación para incluir al asesor presidencial Santiago Caputo. La denuncia plantea que se investigue el presunto papel de Caputo en la coordinación del viaje de Bolsonaro.
La ampliación también incluyó a Jorge Omar Waisman, director de Seguridad e Información del Ente Binacional Yacyretá, y a Orlando Ignacio Palacios, asesor de la Secretaría General de ese organismo. La presentación busca determinar si tuvieron participación en gestiones vinculadas con la salida del dirigente brasileño. Las acusaciones forman parte de una denuncia judicial y no constituyen una prueba de responsabilidad penal.
La Justicia deberá establecer si existen elementos suficientes para avanzar contra alguno de los denunciados.
