La Cámara de Diputados postergó este miércoles la firma del dictamen de la reforma a la Ley de Biocombustibles. La decisión se tomó por las diferencias en torno al régimen previsto para las pequeñas y medianas empresas que producen biodiésel. Las objeciones fueron planteadas principalmente por legisladores aliados de la UCR, el PRO y el MID.
Cuestionaron cambios incorporados al proyecto aprobado por el Senado y reclamaron modificaciones en el capítulo referido a las pymes del sector. La iniciativa se debatió en un plenario conjunto de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda y Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara baja. Las diferencias impidieron firmar un despacho y abrieron una nueva instancia de negociación entre los bloques para intentar alcanzar un texto con los consensos necesarios.
El oficialismo analiza cambios en el proyecto. Aunque el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Veller, sostuvo durante el debate que “no hay espacio para nuevos cambios”, dentro del bloque de La Libertad Avanza consideran que todavía hay margen para llegar a un acuerdo. El objetivo del oficialismo es incorporar modificaciones que destraben el tratamiento y permitan avanzar posteriormente con la sanción de la reforma.
Uno de los puntos bajo análisis es el capítulo relacionado con el biodiésel. Si Diputados modifica el proyecto que recibió media sanción del Senado, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para una segunda revisión. El texto aprobado por los senadores contempla un aumento de los porcentajes de mezcla obligatoria de biocombustibles.
Para el bioetanol, el corte obligatorio pasaría del actual 12% al 15%, mientras que para el biodiésel subiría del 7% al 10%. Esos porcentajes comenzarían a aplicarse en el plazo de un año. El principal punto de conflicto es la participación que tendrán las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel en el mercado.
Las pymes pretendían conservar una participación del 7,5%, pero el proyecto aprobado por el Senado establece que ese porcentaje se reduzca progresivamente hasta 2031. Según la nueva propuesta, las empresas no integradas tendrán un piso mínimo del 4% desde el 1° de enero de 2031 y hasta 2036. Así, mantendrían asegurada una porción del mercado, aunque desde el sector sostienen que ese porcentaje no alcanza para competir con las empresas integradas.
Las diferencias sobre ese esquema fueron determinantes para que el plenario de comisiones no avanzara con el dictamen. En ese contexto, los diputados bonaerenses de Fuerzas del Cambio Eduardo Falcone y Karina Banfi reclamaron conformar una mesa con la participación de todos los sectores involucrados para intentar llegar a un acuerdo. “Nosotros no queremos afectar las fuentes de trabajo de las Pymes que tienen un desarrollo estratégico”, señalaron durante el debate. La diputada peronista Victoria Tolosa Paz también planteó la necesidad de modificar el proyecto para que “no tenga que cerrar ninguna empresa”.
La postergación de la firma del dictamen también generó críticas de representantes de algunas provincias vinculadas directamente con la producción de biocombustibles. Diputados de Jujuy y Tucumán expresaron su desacuerdo con la demora porque el proyecto aprobado por el Senado beneficia a las provincias productoras de caña de azúcar. Las negociaciones deberán continuar antes de que las comisiones vuelvan a reunirse para intentar alcanzar un despacho.
El desacuerdo dejó pendiente la firma del dictamen en Diputados. Durante la reunión, el subsecretario de Hidrocarburos defendió la necesidad de reformar la legislación vigente. Horacio Veller sostuvo que “hay una abrumadora mayoría de los actores que consideran que la ley actual (27.640) tiene un déficit de origen que la ha vuelto muchas veces impracticable y, que lejos de fomentar el desarrollo de los biocombustibles, desalentó la inversión en Argentina”.
El funcionario afirmó además que la normativa vigente “generó impedimento a que la capacidad ociosa se ponga al servicio del consumidor, evitando la competencia entre los actores y generó discrecionalidad en varios aspectos”. Ante los diputados, defendió los objetivos de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo. “Tomen dimensión de que estamos ante un proyecto de ley que soluciona, que busca liberar las fuerzas que durante mucho tiempo estuvieron atadas y que no dejaron a la industria despegar”, afirmó. Veller también recordó que el Senado ya había introducido modificaciones a la iniciativa original. “Entendemos que están en contra del artículo 3, pero también entendemos que es necesario llegar a consensos y por eso consideramos estar alineados con la decisión que tomó el Senado”, explicó.
Finalmente, insistió en que el proceso de transición previsto por el proyecto no debería extenderse mediante nuevas modificaciones. “No hay espacio para nuevos cambios, la transición tiene que ser acotada, no tiene que constituirse en un rediseño permanente, porque de otra manera creemos que se desnaturaliza el espíritu del proyecto”, afirmó. Las negociaciones continuarán especialmente sobre el esquema previsto para las pymes productoras de biodiésel antes de que la reforma pueda avanzar nuevamente en el Congreso.
