La jueza de Garantías Mónica Lucero ratificó que el diputado nacional Cristian Andino deberá presentarse en persona en Tribunales para la próxima audiencia vinculada con la investigación por el Acueducto Gran Tulum. La convocatoria fue fijada para el martes 10 de noviembre, a las 14.30. La magistrada rechazó nuevamente el pedido de los abogados Guillermo Toranzo y Federico Viola, representantes legales de Andino, para que el legislador interviniera por Zoom debido a compromisos laborales.
Lucero consideró que esos compromisos no justifican que la audiencia se realice de manera virtual. La defensa presentó distintos planteos contra la decisión. Además de solicitar la participación de Andino por videoconferencia, sus abogados promovieron un recurso de revocatoria, un planteo de nulidad y una apelación subsidiaria contra la resolución que denegó esa modalidad.
Sin embargo, Lucero mantuvo su decisión y ratificó que el diputado nacional debe estar presente durante la audiencia prevista para noviembre. Andino integra la lista de personas citadas en el expediente que investiga el proceso relacionado con el Acueducto Gran Tulum, cuya ejecución quedó bajo análisis de la Justicia provincial. En la causa también quedaron definidos los abogados que representarán a las personas convocadas.
Naser Uzair asumirá la defensa de Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, mientras que Fernando Castro representará a Gustavo Mastelono. Mario Padilla y Claudio Correa patrocinarán a Juan Carlos Caparrós. Conrado Suárez Jofré y Jorge Olivera Legleu estarán a cargo de la defensa de Francisco Correa.
Soledad Lloveras defenderá a Julio Ortiz Andino y Franco Montes representará al juez Humberto Caballero. La defensa de Cristian Andino continuará a cargo de Guillermo Toranzo y Federico Viola, mientras que Marcelo Fernández representará al senador nacional Sergio Uñac. La nómina de citados incluye al exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, al exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino y al diputado nacional y expresidente de OSSE Cristian Andino.
También fueron convocados los exresponsables de OSSE Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Carlos Caparrós. La investigación alcanza además a Gustavo Fabián Mastelono, presidente de Krah América Latina; Humberto Caballero, actual juez laboral y exjefe del Departamento Jurídico de OSSE; y Juan Sánchez, funcionario vinculado al proyecto. La lista se completa con Francisco Javier Correa, exgerente de Obras de OSSE, y Rolando Vicente Caruso, exjefe del Departamento Proyectos del organismo.
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales y se originó en una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia. El fiscal Sebastián Gómez investiga el proceso administrativo y licitatorio relacionado con el Acueducto Gran Tulum. La obra se ejecutó parcialmente durante el gobierno de Sergio Uñac, pero no se terminó.
La Justicia busca determinar si hubo irregularidades en la contratación de los caños y tuberías adjudicados a Krah América Latina S.A. En 2018 se realizó una licitación que ganó esa empresa, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Según los datos incorporados a la investigación, se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.
La Justicia también analiza qué participación tuvo Monti, quien podría haber actuado como representante o intermediario local de la compañía alemana. En las actuaciones figuran, además, presuntas comisiones que habrían sido facturadas por la empresa PVC San Juan SRL. Otro punto bajo análisis es la calidad de las tuberías instaladas.
La investigación busca establecer si los materiales eran aptos para transportar agua potable y si los insumos cumplían las condiciones necesarias para el consumo humano. En diciembre de 2025, Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigara la licitación de la obra. Entre los aspectos que se busca establecer está la posible existencia de malversación de fondos, además de la calidad de los insumos y otras eventuales irregularidades vinculadas con el proyecto.
En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó formalmente en la causa como parte querellante. La actual gestión del gobernador Marcelo Orrego estimó que la pérdida vinculada con los 10 kilómetros de caños instalados y posteriormente retirados representó una inversión de 50 millones de dólares. La obra había sido licitada por un monto total de 200 millones de dólares.
Según los datos incluidos en la investigación, el financiamiento se estructuró en dos partes: un 50% mediante un préstamo internacional proveniente de Kuwait y Australia y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional. En paralelo, la provincia continúa afrontando obligaciones vinculadas con el financiamiento internacional del proyecto. La Justicia busca establecer si durante el proceso administrativo, la compra de materiales y la ejecución del Acueducto Gran Tulum se produjo un perjuicio para el Estado.
La próxima instancia del expediente será el martes 10 de noviembre, a las 14.30. Andino deberá presentarse personalmente en Tribunales, luego de que Lucero rechazara el pedido para que participara de manera virtual.
