El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó este miércoles 7 de octubre de 2026 que Estados Unidos lo mantenga en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro. Sostuvo que su inclusión está relacionada con su defensa de los derechos del pueblo palestino y sus denuncias sobre las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza. Las declaraciones se conocieron después de una actualización de la lista estadounidense, en la que fueron retiradas numerosas personas y empresas que figuraban en el registro por antecedentes o vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.
Petro, su hijo Nicolás Petro, su exesposa Verónica Alcocer y el exministro Armando Benedetti continúan incluidos en la denominada Lista Clinton. El exmandatario consideró que la decisión representa un uso político de un instrumento creado originalmente para combatir actividades financieras ilícitas y organizaciones vinculadas con el tráfico internacional de drogas. En sus redes sociales, señaló que Estados Unidos permite retirar de la lista a personas que dejaron actividades relacionadas con el narcotráfico.
Petro reconoció que revisar sanciones cuando cambia la situación de las personas afectadas forma parte de las facultades soberanas del Gobierno estadounidense y consideró razonable que se haga. Sin embargo, cuestionó que el mismo mecanismo se aplique contra magistrados, funcionarios internacionales y organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos. Según su interpretación, la OFAC dejó de ser utilizada exclusivamente contra el narcotráfico y comenzó a emplearse para condicionar actuaciones judiciales y posiciones políticas relacionadas con el conflicto entre Israel y Palestina.
Afirmó que su inclusión responde a las denuncias que realizó durante su presidencia sobre la situación humanitaria en Gaza. Uno de los principales cuestionamientos de Petro estuvo dirigido a las medidas de Estados Unidos contra integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI). Mencionó que ocho de los 17 magistrados de ese tribunal fueron alcanzados por sanciones y vinculó esas decisiones con los procedimientos judiciales relacionados con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
También aludió a la inclusión de Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional, en el registro de sanciones el 18 de agosto de 2026. El dirigente calificó la medida como una arbitrariedad y cuestionó sus consecuencias para el funcionamiento de las instituciones judiciales internacionales. En sus declaraciones, mencionó además a Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, y a organizaciones que trabajan en asuntos relacionados con los derechos de la población palestina.
Sostuvo que las sanciones afectan la independencia de quienes participan en investigaciones, denuncias y procedimientos internacionales. La controversia se produjo tras una nueva actualización de los registros administrados por el Departamento del Tesoro estadounidense. Aunque se retiró de la lista a numerosas personas y compañías, Petro y tres integrantes de su entorno permanecieron incluidos.
Las sanciones contra el expresidente, Nicolás Petro, Verónica Alcocer y Armando Benedetti habían sido anunciadas originalmente el 24 de octubre de 2025. Las designaciones se realizaron bajo la Orden Ejecutiva 14059, vinculada con el programa estadounidense de sanciones contra actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas. Por ese motivo, la permanencia de Petro en la lista no constituye una nueva sanción, sino la continuidad de una medida adoptada el año anterior.
La explicación política que presentó sobre su inclusión no coincide con el fundamento formal del programa de sanciones utilizado por Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros es un organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de administrar y aplicar sanciones económicas y comerciales. Entre sus instrumentos está la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida por sus siglas en inglés como SDN.
La inclusión en ese registro puede implicar el bloqueo de bienes e intereses patrimoniales bajo jurisdicción estadounidense. Como regla general, las personas y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar determinadas operaciones económicas con quienes aparecen sancionados, salvo que exista una autorización aplicable. Las restricciones pueden afectar operaciones bancarias, transacciones comerciales y otras actividades financieras relacionadas con el sistema estadounidense.
Petro cuestionó particularmente las consecuencias que, según afirmó, estas medidas pueden generar para la movilidad internacional y las actividades de las personas sancionadas. Ante esta situación, convocó a organizaciones y movimientos internacionales de derechos humanos a impulsar una campaña para conseguir la exclusión de quienes considera sancionados por motivos políticos. Propuso que la iniciativa incluya a magistrados internacionales, funcionarios de Naciones Unidas, organizaciones vinculadas con Palestina y a él mismo.
También cuestionó que compañías de aviación puedan restringir servicios a personas alcanzadas por sanciones estadounidenses. En su mensaje, sostuvo que el uso de estos mecanismos contra determinados grupos constituye una forma de persecución política y reclamó que sus responsables sean investigados por la justicia internacional. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por Petro y no representan una determinación judicial sobre la legalidad de las sanciones.
Sus declaraciones se inscriben en una serie de cuestionamientos que mantuvo durante su gestión a la política exterior estadounidense y a las operaciones militares israelíes en Gaza. Petro había denunciado reiteradamente la situación de la población palestina y reclamado una mayor intervención de los organismos internacionales. Sus diferencias con Washington también estuvieron relacionadas con las políticas de lucha contra el narcotráfico y las decisiones adoptadas por el Gobierno estadounidense durante la presidencia de Donald Trump.
La continuidad de su nombre en la lista OFAC volvió a poner esas diferencias en el centro de la discusión internacional. El expresidente colombiano sostiene que las sanciones tienen una motivación política vinculada con Palestina, mientras que los registros oficiales estadounidenses mantienen su designación dentro de un programa relacionado con el narcotráfico. La controversia sigue abierta y, hasta el momento, el Departamento del Tesoro no anunció una decisión que modifique la situación de Petro y de las otras tres personas de su entorno incluidas en el registro.
