Los puertos de todo el país permanecen paralizados por una medida de fuerza tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, promovido por el Gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje. La protesta, un lock-out llevado adelante por prácticos, pilotos y baqueanos, comenzó el sábado 1 de agosto y abarca desde los puertos del extremo sur en Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La medida impacta con especial dureza en el Río de la Plata y el río Paraná, zonas por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones del país, dejando a decenas de embarcaciones sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.
El decreto, impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca eliminar las barreras de entrada al sector, reducir costos operativos, permitir la contratación directa de servicios y habilitar a capitanes con experiencia a navegar sin la obligación de disponer de contratos de prácticos.
Desde la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificaron la reforma de “abusiva e inconstitucional”. La entidad adelantó que recurrirá a la Justicia Federal mediante una Acción de Amparo y radicará una denuncia penal contra los funcionarios firmantes, al señalar que la desregulación pone en riesgo directo la seguridad náutica de los ríos.
Ante el desabastecimiento operativo y las complicaciones logísticas, la Prefectura Naval Argentina envió cédulas de intimación perentoria a los profesionales para que reanuden la prestación del servicio bajo apercibimiento de ley, invocando la condición de servicio público esencial que reviste el practicaje.
A pesar de la advertencia oficial, los profesionales ratificaron la medida de fuerza. No obstante, fijaron excepciones estratégicas: continúan prestando servicio a buques petroleros y de gas licuado para no comprometer el abastecimiento energético interno ni generar contingencias ambientales en los cursos fluviales.
Fuente: Jorge Yañez
