Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) — La causa contra el ciudadano ruso Konstantin Rudnev, investigado por presunta trata de personas en Bariloche, sumó un nuevo frente: organizaciones internacionales reclamaron ante organismos del Gobierno de Javier Milei que se examine la actuación del fiscal federal Fernando Arrigo. Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, las presentaciones fueron dirigidas al Ministerio de Justicia de la Nación y a dependencias vinculadas con los derechos humanos. Las entidades que impulsaron los reclamos adelantaron que mantendrán sus cuestionamientos hasta que se investiguen las presuntas irregularidades denunciadas.
Las comunicaciones fueron enviadas durante la primera quincena de noviembre y dieron lugar a dos expedientes administrativos en la cartera de Justicia. Las gestiones quedaron registradas en correos electrónicos y respuestas oficiales del ministerio. Entre las organizaciones firmantes están el American Council for Justice and Conflict Resolution (ACJCR), la European Muslim Initiative for Social Cohesion (EMISCO) y la entidad francesa Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience (CAP Freedom of Conscience).
Todas las presentaciones se refieren al expediente judicial FGR 2878/2025, en el que se investiga a Rudnev y a otras personas. Las entidades coinciden en pedir que instancias disciplinarias revisen la actuación del fiscal y que el Estado nacional tome conocimiento formal de los cuestionamientos. La primera presentación fue realizada por el ACJCR.
Su presidente y director ejecutivo, Stephen Eric Bronner, envió el 7 de noviembre de 2026 una comunicación a distintas direcciones del Ministerio de Justicia, acompañada por una denuncia disciplinaria contra Arrigo que, según indicó la organización, ya había sido registrada por la Procuración General de la Nación. La entidad sostuvo que el caso involucra derechos humanos, libertad religiosa y garantías del debido proceso. Por ese motivo, consideró necesario informar a las autoridades nacionales.
El 11 de noviembre, el Ministerio de Justicia respondió y confirmó la apertura del expediente administrativo EX-2026-109240871-APN-DGDYD#MJ. En la comunicación, enviada desde la Dirección de Gestión Documental y Despacho, se informó que las actuaciones serían remitidas a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Ese mismo día, Thierry Valle, presidente de CAP Freedom of Conscience, envió un correo similar.
La entidad francesa se dedica a la defensa de la libertad de conciencia y religión. Valle informó que la organización había presentado ante la Procuración General una denuncia disciplinaria por la actuación de Arrigo y remitió los antecedentes al Ministerio de Justicia. La entidad, que declara tener estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), pidió que se atendieran las garantías procesales y los derechos fundamentales en juego, y consideró que el expediente merece la atención de las autoridades argentinas.
La presentación también recibió respuesta oficial el 11 de noviembre. El Ministerio comunicó que quedó incluida en el expediente EX-2026-109240871-APN-DGDYD#MJ y que sería derivada a la Subsecretaría de Derechos Humanos. La documentación muestra que distintas organizaciones acudieron a canales institucionales del Poder Ejecutivo para plantear objeciones sobre una investigación judicial en curso.
A esas gestiones se sumó EMISCO. Su secretario general, Bashy Quraishy, envió comunicaciones el 12 y el 13 de noviembre a dependencias del Ministerio de Justicia y al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, para informar sobre una denuncia disciplinaria presentada ante la Procuración General y solicitar que se conociera su contenido. “Consideramos oportuno ponerla en su conocimiento atento a la relevancia de las cuestiones que plantea en materia de derechos humanos, libertad religiosa y garantías del debido proceso”, señaló la organización. El Ministerio confirmó la recepción el 13 de noviembre y la registró en un segundo expediente, también destinado a la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Las tres organizaciones cuestionan aspectos de la investigación penal y reclaman que se revise la conducta de los funcionarios que intervienen. Sus planteos se suman a las denuncias previas presentadas ante la Procuración General de la Nación, donde se pidió examinar el desempeño del fiscal Arrigo en la investigación que tramita en Bariloche. En ese contexto, Tamara Rudneva, esposa del imputado, sostuvo que el caso ya supera la situación personal de su marido y se convirtió en un debate sobre el funcionamiento de la Justicia argentina. “Más allá del destino personal de Rudnev, este caso se ha convertido en una prueba para el sistema judicial argentino”, afirmó.
También aseguró que las organizaciones internacionales continuarán con sus reclamos mientras no se esclarezcan las irregularidades que atribuyen a la investigación. Rudneva mencionó el libro "Justicia peligrosa", una publicación crítica del proceso, como uno de los antecedentes que respaldan los cuestionamientos de su entorno. “El libro ‘Justicia peligrosa’ documenta graves irregularidades en la actuación de los fiscales y jueces que han llevado el caso: desde el uso acrítico de informes de medios extranjeros y de traducciones automáticas como pruebas, hasta la aplicación reiterada de la prisión preventiva a una persona enferma y el trato dado a la presunta víctima”, expresó. “Cuanto más dilate la acusación el proceso -y parece que esa es precisamente su intención-, mayor será la probabilidad de que salgan a la luz nuevas irregularidades”, advirtió Rudneva, quien atribuyó a la Fiscalía una estrategia para prolongar las actuaciones. “Las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo seguirán exigiendo una investigación exhaustiva. Si se confirman las presuntas falsificaciones y abusos, los responsables deberán rendir cuentas”, remarcó.
Rudneva consideró que, si las denuncias llegan a esclarecerse, debería evaluarse la continuidad en sus cargos de los funcionarios involucrados. Además, sostuvo que la demora del expediente responde a una estrategia deliberada. “Creemos que la Fiscalía dilata la causa para presionar a las personas imputadas”, afirmó. Según explicó, organizaciones argentinas de la sociedad civil con las que mantiene contacto le aseguraron que “conocen bien esta práctica”. “Según nos explican, se recurre a la prisión preventiva y se prolonga el proceso para presionar a los imputados hasta que firmen una confesión de hechos que no cometieron”, cerró.















