Ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo murieron durante un bombardeo de las Fuerzas Militares en una zona rural de Tarazá, departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia. Entre los fallecidos se encontraba Haminton Mosquera, alias “Negro Perea”, identificado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de la organización criminal. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó los resultados de la intervención, denominada Operación Nehemías.
El operativo fue realizado por el Ejército Nacional con apoyo de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y estuvo dirigido contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez, perteneciente al Clan del Golfo. El mandatario difundió el balance preliminar el miércoles 11 de noviembre, mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. Allí señaló que uno de los fallecidos figuraba entre los diez jefes de organizaciones criminales considerados prioritarios por las autoridades colombianas. “El resultado preliminar: ocho dados de baja, entre ellos Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal”, precisó el presidente.
La operación forma parte de la ofensiva militar que el Gobierno colombiano mantiene contra distintas organizaciones armadas ilegales que actúan en el territorio nacional. Las autoridades señalaron que el despliegue buscaba afectar la capacidad operativa del grupo y desarticular una de sus estructuras territoriales. Mosquera era señalado como uno de los principales responsables de la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez.
Según la información oficial, acumulaba más de dos décadas de actividad criminal y estaba entre los diez cabecillas prioritarios para las fuerzas de seguridad colombianas. Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 2.018 millones de pesos colombianos por información que permitiera su captura. Los investigadores lo identificaban como subordinado directo de alias “Gonzalito”, otro de los principales mandos de la organización.
A Mosquera se le atribuía coordinar y emitir órdenes para cometer homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública. Entre los hechos investigados estaba el asesinato de un patrullero ocurrido durante 2025 en el municipio de Tarazá. Su muerte fue confirmada por el Gobierno como parte de los resultados de la intervención militar en Antioquia.
El bombardeo se ejecutó en un sector rural de Tarazá, donde las fuerzas de seguridad habían identificado la presencia de integrantes de la subestructura criminal. Los organismos intervinientes realizaron tareas de inteligencia y acciones militares contra un campamento utilizado por la organización. De acuerdo con el informe oficial, el operativo terminó con ocho presuntos miembros del Clan del Golfo muertos, entre ellos Mosquera, considerado el principal cabecilla de la estructura alcanzada por el ataque.
Además de las muertes, las fuerzas de seguridad informaron la incautación de armamento y materiales utilizados por la organización. Durante las tareas posteriores al bombardeo secuestraron cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y diferentes equipos de comunicación. El operativo también provocó la destrucción de un campamento que, según las autoridades, era utilizado para coordinar actividades criminales.
El material incautado quedó incorporado a las actuaciones correspondientes a la intervención militar. El Gobierno presentó los resultados como parte de las operaciones destinadas a reducir la capacidad de acción de las estructuras armadas ilegales. Después de confirmar el balance, De la Espriella difundió un mensaje dirigido a los responsables de las organizaciones armadas que operan en Colombia.
El mandatario sostuvo que las fuerzas de seguridad continuarán con las operaciones contra grupos vinculados con homicidios, extorsiones y ataques contra la población y las instituciones. “A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos”, expresó el presidente. La declaración acompañó la difusión de los resultados de la Operación Nehemías y ratificó la continuidad de la estrategia militar impulsada desde el Poder Ejecutivo. De la Espriella asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto y, desde entonces, autorizó una serie de bombardeos contra diferentes organizaciones armadas ilegales.
La intervención en Tarazá fue el octavo bombardeo autorizado por el mandatario desde el comienzo de su gestión. Las operaciones anteriores estuvieron dirigidas contra integrantes del Clan del Golfo, las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en distintos departamentos del país y con participación de organismos militares y policiales. Entre los antecedentes figura una operación realizada el 28 de octubre en el municipio de Nóvita, departamento de Chocó.
Ese procedimiento, denominado Operación Oppenheimer, dejó siete presuntos integrantes del Clan del Golfo muertos y una persona capturada, según el balance difundido por las autoridades. El ataque en Antioquia se sumó a esa serie de intervenciones destinadas a combatir estructuras armadas con presencia en distintas regiones de Colombia. La continuidad de los bombardeos también generó cuestionamientos en el país por el riesgo de afectar a niños y adolescentes reclutados por organizaciones armadas ilegales.
De acuerdo con los antecedentes difundidos, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró al menos ocho menores de edad muertos en el marco de este tipo de operaciones. Uno de los episodios que abrió el debate ocurrió a finales de agosto en el departamento de Guaviare, donde tres de las diez personas fallecidas durante un bombardeo eran menores: dos adolescentes de 15 años y uno de 16. La situación instaló una discusión sobre los procedimientos militares utilizados contra organizaciones que incorporan menores de edad a sus estructuras.
En el caso de la Operación Nehemías, el balance oficial inicial informó ocho muertos, pero no detalló las edades de todas las personas alcanzadas por el ataque. El bombardeo en Tarazá fue una nueva intervención militar contra el Clan del Golfo, que mantiene estructuras operativas en diferentes departamentos colombianos. Las autoridades señalaron como objetivo a la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez, en la que Haminton Mosquera ocupaba una posición de conducción.
El resultado informado por el Gobierno incluyó ocho fallecidos, la incautación de armas y equipos de comunicación, y la destrucción de un campamento utilizado por el grupo. La Presidencia colombiana ratificó que continuará con las operaciones contra organizaciones armadas ilegales. Con la muerte de alias “Negro Perea”, el Gobierno informó que fue alcanzado uno de los diez cabecillas considerados prioritarios por las autoridades del país.
La Operación Nehemías se convirtió así en el octavo bombardeo autorizado por De la Espriella desde agosto, en medio de la continuidad de la ofensiva militar y del debate por las consecuencias de este tipo de intervenciones.
