Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) – El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, autorizó asistencias financieras reintegrables por un máximo conjunto de $5.565.990.741,59 para que tres municipios afronten principalmente el pago de los salarios de agosto. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los decretos 2.074, 2.077 y 2.079 fueron firmados el 4 de septiembre y publicados en la edición del 23 de septiembre del Boletín Oficial provincial. Las localidades beneficiarias son Juan Bautista Alberdi, Famaillá y Trancas.
Famaillá recibió la autorización más alta, con un tope de $2.554.958.537,11. Para Juan Bautista Alberdi se estableció un máximo de $1.932.719.132,79 y para Trancas, de $1.078.313.071,69. En conjunto, los tres instrumentos alcanzan los $5.566 millones.
Las medidas no corresponden a aportes no reintegrables ni implican que las transferencias ya se hayan ejecutado en su totalidad. Los decretos establecen que las asistencias deberán devolverse, que su liberación dependerá de la disponibilidad del Tesoro provincial y que los movimientos tendrán que registrarse tanto al poner los fondos a disposición como al concretarse las devoluciones. Los recursos se canalizarán mediante cuentas fiduciarias de cada municipio.
Además, la Dirección de Administración del Ministerio de Economía y Producción quedó facultada para emitir comprobantes de anticipos extrapresupuestarios a favor de la Caja Popular de Ahorros, que actúa como agente fiduciario. Los tres decretos utilizan un lenguaje prácticamente idéntico y señalan como motivo central garantizar “principalmente” el pago de los haberes de agosto. Esa expresión contempla otros destinos previstos por la Ley 8.829, como obras, servicios y actividades culturales, deportivas o sociales, aunque la necesidad salarial es la justificación concreta incluida en los expedientes.
La decisión compromete a Rentas Generales y muestra la dependencia de esos gobiernos locales del auxilio financiero de la administración de Jaldo para cubrir una obligación corriente. Si bien las municipalidades mantienen la deuda y deben reintegrar los fondos, la Provincia asume su disponibilidad inicial y administra el circuito fiduciario. Los tres decretos se basan en acuerdos fiscales con municipios que habían sido autorizados previamente por el Poder Ejecutivo.
También citan dictámenes de la Fiscalía de Estado emitidos el mismo 4 de septiembre. Los textos no informan cuántos empleados están alcanzados, cuál será el cronograma de devolución ni qué porción utilizará finalmente cada comuna.
