El fiscal Sebastián Gómez solicitó que se avance con el desafuero del senador nacional Sergio Uñac y del diputado nacional Cristian Andino, quienes no asistieron personalmente a la audiencia de formalización por la causa del Acueducto Gran Tulum. La jueza de Garantías Mónica Lucero rechazó la posibilidad de que participaran por Zoom y resolvió postergar la instancia hasta contar con la presencia de las 11 personas investigadas. La solicitud se formuló este miércoles 14 de octubre, durante una audiencia realizada en Tribunales.
La causa investiga presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum. El planteo estuvo a cargo de Gómez, integrante de la UFI Delitos Especiales junto a Francisco Pizarro. La jueza consideró que la audiencia no podía desarrollarse con normalidad sin la presencia de las 11 personas alcanzadas por la investigación.
La decisión derivó en una discusión procesal entre la Fiscalía y la magistrada. La audiencia fue interrumpida y quedó pendiente la exposición formal de los hechos que el Ministerio Público pretende atribuir a cada investigado. Uno de los puntos centrales de la jornada fue la modalidad de participación de las personas convocadas.
Antes del inicio, Lucero anunció que no permitiría intervenciones por videoconferencia. “No autorizo las audiencias virtuales”, afirmó la magistrada. La decisión afectó directamente a Uñac y Andino, quienes no estaban físicamente en Tribunales. Lucero sostuvo que la formalización debía realizarse con las 11 personas presentes y resolvió postergar la audiencia hasta que se cumpliera esa condición.
Andino explicó que se encontraba en Buenos Aires por motivos laborales. Durante la audiencia se presentaron pasajes de avión para acreditar la situación del diputado. Lucero aceptó la justificación y consideró válida su inasistencia, pero no autorizó su participación a distancia mediante Zoom.
La postura de la jueza generó diferencias con la Fiscalía, que buscaba avanzar con la formalización y cuestionó la suspensión de la audiencia. Uñac tampoco se presentó en Tribunales. El abogado del senador, Marcelo Fernández, leyó durante la audiencia un escrito presentado por su defendido para justificar la ausencia.
En esa presentación, Uñac citó normas nacionales y provinciales, disposiciones del Código Penal y artículos constitucionales para fundamentar su postura. También anticipó que no declarará durante esta instancia y que, si decide hacerlo posteriormente, lo hará por escrito. Fernández había sido designado formalmente como abogado del exgobernador el 5 de octubre, nueve días antes de la audiencia.
Ese dato surgió durante una discusión entre la Fiscalía y la defensa, después de que inicialmente se planteara que el nombramiento se había realizado pocos minutos antes del comienzo de la audiencia. Tras conocerse la decisión de suspender la instancia, Gómez pidió avanzar con el desafuero de Uñac y Andino. El objetivo del pedido es garantizar que ambos comparezcan personalmente ante la Justicia sanjuanina.
La solicitud se produjo en medio de la discusión entre la Fiscalía y Lucero sobre el alcance de las ausencias y la continuidad de la audiencia. El planteo deberá seguir el procedimiento correspondiente porque ambos legisladores cuentan con inmunidades. Uñac ejerce como senador nacional y Andino como diputado nacional.
La legislación vigente permite que una investigación penal continúe aunque una persona tenga fueros, pero determinadas medidas que puedan afectar su libertad requieren previamente el procedimiento de desafuero. La situación de los dos dirigentes ya había sido analizada antes de la audiencia. La Ley 25.320 establece que una causa penal puede avanzar contra una persona con inmunidades parlamentarias hasta su conclusión y que una convocatoria judicial no constituye, por sí misma, una medida restrictiva de la libertad.
La norma contempla, sin embargo, que ante determinadas situaciones de incomparecencia el tribunal pueda solicitar el desafuero para garantizar el avance del proceso. Ese escenario se concretó durante la audiencia de este miércoles con el pedido formulado por Gómez. La formalización era una instancia central de la investigación.
Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro debían detallar los hechos que pretenden investigar, su calificación jurídica y el grado de participación que atribuyen inicialmente a cada una de las 11 personas involucradas. La exposición no pudo completarse. Lucero entendió que la audiencia debía postergarse y la instancia quedó interrumpida en medio de los cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal.
Como consecuencia, continúa pendiente la formalización de los hechos atribuidos a las personas investigadas. A diferencia de Uñac y Andino, varios de los convocados asistieron personalmente a Tribunales. Entre ellos estuvieron el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, los expresidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, y Gustavo Mastelono, vinculado a Krah América Latina.
En total, la convocatoria alcanza a 11 personas relacionadas con distintas etapas de la obra y con la provisión de materiales utilizados en el Acueducto Gran Tulum. La notificación no implica una declaración de culpabilidad ni una condena, sino que forma parte del procedimiento previo a la formalización de la investigación. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia.
El expediente está a cargo de la UFI Delitos Especiales y busca determinar si hubo irregularidades en diferentes etapas de la obra. Entre los aspectos bajo análisis están los procedimientos de contratación, la provisión de cañerías, los valores abonados y la calidad de los materiales utilizados. Durante la investigación también se incorporaron elementos técnicos sobre las características de los caños y eventuales deficiencias que habrían sido detectadas previamente.
La audiencia se realizó mientras sigue pendiente otro frente judicial. La defensa de Sergio Ruiz presentó un planteo para que la causa pase a la Justicia Federal. El expediente quedó registrado con el número CFP 5004/2026 y se encuentra radicado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo del juez Daniel Rafecas.
La presentación no implica que la causa haya cambiado de jurisdicción. Por el momento, Rafecas abrió una instancia para reunir antecedentes y analizar si corresponde intervenir en una eventual discusión de competencia. La jornada debía marcar el ingreso de la causa en una nueva etapa procesal.
Sin embargo, las ausencias de Uñac y Andino, el rechazo de Lucero a las participaciones virtuales y la posterior suspensión modificaron el desarrollo previsto. El punto más relevante terminó siendo el pedido de desafuero formulado por Gómez contra ambos legisladores. La formalización de la investigación continúa pendiente y se sumó una discusión sobre cómo garantizar la comparecencia de Uñac y Andino para que la audiencia pueda avanzar.
