El Senado de Chile aprobó un proyecto que busca agilizar la expulsión administrativa de extranjeros que infrinjan la ley y fortalecer las herramientas para ejecutar órdenes pendientes. La iniciativa recibió 37 votos a favor y una abstención, luego de que la Cámara Alta aprobara el informe final de una comisión mixta integrada por senadores y diputados. El proyecto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados y contempla modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería.
Entre ellas, establece que la Policía de Investigaciones (PDI) podrá solicitar a un juez de garantía autorización para ingresar a un domicilio donde se encuentre una persona con una orden de expulsión vigente. El magistrado tendrá un plazo máximo de 24 horas para resolver el pedido. La modificación apunta a facilitar la localización y detención de extranjeros sobre quienes exista una resolución de expulsión administrativa.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, explicó que el proyecto surgió ante las dificultades para ejecutar este tipo de medidas. “Había una serie de dificultades (…) Por la unanimidad de sus integrantes (de la comisión mixta), acordó en su informe una serie de medidas que buscan agilizar las expulsiones administrativas, dar seguridad jurídica y, de esa manera, hacerlas más efectivas”, sostuvo. La iniciativa también modifica los plazos de prohibición para volver a ingresar a Chile. En determinados casos, el período mínimo pasará de tres a cinco años.
Además, incorpora mecanismos para expulsar de manera inmediata a extranjeros en situación irregular que estén involucrados en determinados procesos penales. Para aplicar la medida será necesaria la autorización previa del tribunal correspondiente. García Ruminot destacó la importancia de la aprobación legislativa. “Tanto la Cámara de Diputados como el Senado han dado su aprobación a un proyecto de ley que es muy, muy trascendente para poder dar mayor efectividad al cumplimiento de las resoluciones que dispone la expulsión administrativa”, expresó.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, actualmente hay más de 330.000 extranjeros en situación migratoria irregular. Distintos reportes estiman, además, que existen más de 75.000 órdenes de expulsión que todavía no fueron ejecutadas. Cerca de la mitad de esas medidas corresponderían a ciudadanos venezolanos.
La cantidad de procedimientos pendientes impulsó el debate político sobre la necesidad de modificar los mecanismos para concretar las expulsiones, mientras que la situación de los ciudadanos venezolanos representa uno de los principales desafíos para aplicar las órdenes vigentes. Chile anunció en agosto el restablecimiento de las relaciones consulares con Venezuela, interrumpidas en 2024. En septiembre, el presidente chileno José Antonio Kast se reunió en Naciones Unidas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Hasta el momento, no se informaron avances relacionados específicamente con la ejecución de las órdenes de expulsión pendientes. El debate migratorio continuará en el Congreso chileno. También está bajo análisis una iniciativa impulsada por Kast que busca tipificar la migración irregular como delito.
La aprobación del nuevo procedimiento en el Senado representa otro paso en una discusión más amplia sobre las políticas migratorias y los mecanismos de control que Chile pretende implementar. Con el respaldo de ambas cámaras, el proyecto avanza con el objetivo de agilizar las expulsiones administrativas, reducir la cantidad de órdenes pendientes y otorgar nuevas herramientas a la Policía de Investigaciones para ubicar y detener a personas alcanzadas por resoluciones vigentes.
