El bloque Justicialista del Senado de la Nación presentó un proyecto para derogar el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y restituir la plena vigencia de la Ley de Tierras. La norma establecía restricciones a la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa fue impulsada por la senadora Juliana Di Tullio, junto con el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, y el titular de Justicia Federal Social, Fernando Salino.
La presentación se realizó después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionado con el artículo 154 del DNU 70/23, que había derogado la Ley 26.737. El proyecto apunta a eliminar específicamente ese artículo, que establece: “Derógase la Ley N° 26.737”. La disposición integra el Título VI del decreto, denominado Bioeconomía.
Además, la propuesta plantea restituir la plena vigencia de la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Propone que vuelva a regir con el texto y las modificaciones vigentes al momento de la entrada en vigor del DNU 70/2023. Si la iniciativa avanza, el Congreso volvería a establecer mediante una ley el régimen que había sido eliminado por el decreto dictado en diciembre de 2023.
De esta manera, el bloque busca trasladar nuevamente al ámbito legislativo la discusión sobre las restricciones para que extranjeros adquieran tierras rurales. En los fundamentos, los legisladores sostuvieron que “el suelo no es una mera mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, sino un recurso natural estratégico, finito y estrechamente ligado a la seguridad nacional, el desarrollo productivo y la autodeterminación de los pueblos”. También advirtieron que, según su posición, eliminar la Ley de Tierras mediante un DNU “expone al país a la especulación inmobiliaria internacional sobre sus activos más preciados, tales como las fuentes de agua dulce, las zonas fronterizas y las tierras agrícolas”.
La presentación se produjo después de que la Corte Suprema revocara la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. El máximo tribunal hizo lugar al planteo del Estado nacional y rechazó la acción iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). La Corte consideró que la organización no tenía legitimación para promover la demanda y que no se había configurado un caso o controversia en los términos constitucionales.
La sentencia fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El tribunal aclaró que su decisión no implicó una definición sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. Sostuvo que el fallo se limitaba al rechazo de la demanda por falta de legitimación de la parte que inició el proceso y por ausencia del requisito constitucional de caso o controversia.
También indicó que la decisión no interfería con la intervención que pudiera corresponderle al Poder Legislativo. En su presentación, los senadores cuestionaron la resolución judicial y afirmaron: “Es inaceptable que la Corte le niegue legitimación a quienes arriesgaron su vida en defensa de la Patria y sostenga que la soberanía territorial no es un bien colectivo”. Los legisladores agregaron que “ante esta desprotección judicial, afirmaron que el Congreso Nacional debe asumir de manera urgente su responsabilidad constitucional como garante del dominio público”.
Con ese argumento, el bloque decidió promover una salida legislativa para dejar sin efecto específicamente el artículo del DNU que derogó la Ley de Tierras. El debate sobre el DNU 70/2023 ya había llegado al Congreso. En marzo de 2024, el Senado rechazó el decreto, pero este continuó vigente porque la Cámara de Diputados no avanzó con un rechazo equivalente.
Ahora, la estrategia del bloque Justicialista apunta directamente al artículo 154 y busca que el Congreso restituya mediante una nueva ley el régimen de protección de las tierras rurales que regía antes de la entrada en vigencia del decreto. Así, la discusión sobre la Ley de Tierras vuelve al ámbito legislativo después de la resolución de la Corte Suprema, que dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal de La Plata y aclaró que no se pronunció sobre la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/2023.
