El Gobierno nacional aceleró las negociaciones con los bloques aliados en la Cámara de Diputados para destrabar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye medidas para proteger los recursos naturales de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. La Libertad Avanza busca acordar cambios con el PRO, la UCR y el MID para obtener dictamen en comisión y luego llevar la iniciativa al recinto. El tratamiento del proyecto se demoró en el Congreso, aunque el oficialismo mantiene la expectativa de avanzar tras introducir modificaciones que acerquen posiciones.
La bancada libertaria descartó dividir la iniciativa, pese a los planteos de sectores opositores. “El proyecto no se va a dividir en dos como propone el kirchnerismo , pero vamos a hacer cambios para llegar al consenso más amplio posible”, explicaron desde el bloque oficialista. La estrategia consiste en modificar algunos puntos sin alterar la estructura general del proyecto enviado por la Casa Rosada. El oficialismo pretendía conseguir dictamen durante la semana, pero la actividad parlamentaria estuvo atravesada por dos fallos de la Corte Suprema relacionados con la venta de tierras a extranjeros y por el intento opositor de derogar el DNU 70/23.
Esos acontecimientos modificaron el cronograma previsto por el Gobierno. Uno de los ejes de la iniciativa es endurecer las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur. La propuesta amplía las restricciones, que ya no se limitarían a las actividades vinculadas con los hidrocarburos.
El proyecto contempla cualquier explotación sin autorización de recursos naturales renovables o no renovables. También prevé sanciones para las empresas, sus socios y los proveedores involucrados en esas actividades. Entre las medidas figuran multas y la posibilidad de suspender o cancelar habilitaciones vigentes en la Argentina.
Además, se establece la responsabilidad de los proveedores que sepan que están asistiendo a actividades prohibidas y se amplían las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas. Las principales objeciones de los bloques aliados no se concentran en las disposiciones directamente relacionadas con las Islas Malvinas, sino en la segunda parte del proyecto. Uno de sus artículos crea un sistema permanente de coordinación estatal en áreas diplomáticas, económicas, cibernéticas, jurídicas, de defensa e inteligencia.
El Consejo de Seguridad Nacional sería el órgano rector de ese esquema. Según el proyecto, lo integrarían de manera permanente el Presidente de la Nación, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica. Ese capítulo genera discusiones en la Cámara baja, mientras el oficialismo intenta alcanzar acuerdos antes de avanzar con el dictamen.
También hay diferencias por el artículo 111, cuyo rechazo anticiparon tanto el PRO como la UCR. El artículo establece penas de entre 5 y 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación. También incluye a quienes promuevan actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina.
Las objeciones se relacionan especialmente con la definición de las campañas de desinformación y con las posibles consecuencias de aplicar la norma. Los cuestionamientos coinciden con planteos de organizaciones vinculadas con la actividad periodística, entre ellas la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Según las advertencias formuladas sobre el proyecto, una redacción demasiado “laxa” sobre las campañas de desinformación podría tener consecuencias sobre la libertad de expresión.
El desafío inmediato para La Libertad Avanza será acordar un texto que permita sostener el respaldo de sus aliados parlamentarios. El proyecto podría tratarse junto con otras iniciativas sobre discapacidad, endeudamiento, Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que incluye la restitución de la ley de tierras—, trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural. Las conversaciones con el PRO, la UCR y el MID definirán qué modificaciones acepta el oficialismo y cuál será el texto que llegue a la Cámara de Diputados para su votación.
