El Gobierno nacional apelará el fallo que ordenó poner en marcha de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario. La estrategia legal comenzó a analizarse en la Casa Rosada tras la resolución del juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional una cláusula del Decreto 759/2025. El Ejecutivo había utilizado esa disposición para condicionar la aplicación de la ley a la disponibilidad de las partidas presupuestarias necesarias.
Frente al fallo, la administración nacional recurrirá nuevamente a la Justicia y mantiene su postura sobre el impacto presupuestario que tendría la implementación integral de la normativa. “Apelación, seguro”, aseguró un funcionario de primera línea del Gobierno al referirse a los próximos pasos del Ejecutivo. Cormick hizo lugar a las acciones judiciales presentadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales, docentes y la Universidad de Buenos Aires (UBA). La controversia está centrada en el Decreto 759/2025.
Mediante esa normativa, el Gobierno promulgó formalmente la Ley de Financiamiento Universitario, pero supeditó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento y estableciera las partidas correspondientes en el Presupuesto nacional. El juez cuestionó específicamente que se incluyera una referencia al artículo 5° de la Ley 24.629. Según la interpretación judicial, ese mecanismo terminó funcionando como una herramienta para impedir la ejecución de una ley que el Congreso había vuelto a aprobar con una mayoría de dos tercios, después del veto presidencial.
Por ese motivo, Cormick ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario y dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para aplicarla. La Casa Rosada ya trabaja en la estrategia para recurrir la sentencia. La Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, participa del análisis de las alternativas legales disponibles para intentar revertir la resolución. “Estamos viendo qué hacemos.
Aún no está todo perdido”, sostuvo una fuente del organismo. Además de la apelación, el Ejecutivo estudia otros mecanismos jurídicos vinculados con el impacto presupuestario de la aplicación inmediata de la normativa. La posición oficial sostiene que corresponde al Congreso establecer de dónde saldrán los fondos para afrontar los gastos previstos por la ley.
La Ley de Financiamiento Universitario contempla recursos para distintas áreas del sistema de educación superior. Incluye salarios docentes y no docentes, becas estudiantiles, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios. Durante el expediente judicial, el Ejecutivo planteó que la aplicación de la normativa implicaría erogaciones superiores al billón de pesos.
Desde el Gobierno consideran que un desembolso de esa magnitud tendría consecuencias sobre el equilibrio fiscal y sostienen que el Congreso debe definir específicamente las fuentes de financiamiento. En su resolución, Cormick consideró que la propia ley prevé mecanismos para afrontar los gastos, entre ellos la posibilidad de realizar reasignaciones presupuestarias. Desde el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también ratificaron que el Gobierno continuará el conflicto en la Justicia. “No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar”, señalaron desde el área.
El Ejecutivo también puso el foco en el Presupuesto nacional para 2027, que ya fue enviado al Congreso y deberá ser analizado por los legisladores. “El presupuesto nacional para el 2027 ya está enviado, por lo que, si lo quieren cambiar, tienen que hacerlo en el Congreso”, expresaron desde el Gobierno. La discusión judicial por el financiamiento universitario ya había incluido medidas relacionadas con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles. El 30 de septiembre, Cormick volvió a intimar al Ejecutivo para que cumpliera con una cautelar vinculada con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795.
En esa resolución, el magistrado consideró que existía un “cumplimiento parcial” de las obligaciones establecidas. El nuevo fallo avanzó sobre la cuestión de fondo y declaró inconstitucional el mecanismo del Decreto 759/2025 utilizado para condicionar la aplicación integral de la normativa. La decisión del Gobierno de apelar abre una nueva instancia de una disputa que continuará en los tribunales y que tiene como eje la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y los recursos destinados al sistema universitario nacional.
