Buenos Aires, 5 de octubre (NA) — La Cámara de Diputados reanudará este martes en comisión el debate del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía. La discusión está atravesada por el fallo de la Corte Suprema que revocó una decisión que había frenado las ventas de tierras a empresarios extranjeros. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 15.30.
La semana pasada, la reunión había terminado abruptamente luego de acusaciones cruzadas entre el dirigente social Juan Grabois y diputados libertarios. El encuentro será conducido por el titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, junto con sus pares libertarias Juliana Santillan, de Relaciones Exteriores, y Laura Rodríguez Machado, de Legislación Penal. En la reunión plenaria expondrán especialistas propuestos por legisladores de las distintas bancadas políticas.
Entre ellos figuran el exministro kirchnerista Daniel Filmus, el ex secretario de Malvinas, Guillermo, y el intendente de Punta Indio, David Angueira. También expondrán Jerónimo Guerrero Iraóla, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM); Daniel Guzman, del Observatorio Malvinas; Paula Litvachky, del CELS; y los letrados de la UBA Luciano Anzelini, Sergio Eissa y Raúl Gustavo Ferreyra. Se sumarán Mariana Altieri, licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA); Pablo Testori Schroeder, especialista en criminalística y docente universitario; Fernando Morales, perito naval VGM y presidente de la Liga Naval Argentina; y Victor Sierra, representante del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur (CEAS).
El proyecto del Gobierno prevé endurecer las penas, que podrían llegar a 20 años de prisión, por la explotación o cooperación para la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes. También contempla la inhabilitación para operar en la Argentina. La iniciativa reemplaza la actual Ley 26.659 y amplía las prohibiciones: ya no se limitarán a los hidrocarburos, sino que incluirán cualquier aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables que no esté autorizado por la Argentina.
Además, establece la creación de un registro público de infractores y prohíbe al Estado y a los particulares contratar con quienes figuren en él. El proyecto incorpora el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley. También crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
El Consejo tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas. Ante una amenaza grave e inminente, podrá disponer medidas urgentes. Entre esas medidas se incluyen restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, limitar importaciones y exportaciones y elevar temporalmente los derechos aduaneros.
El proyecto también autoriza, como último recurso y después de agotar otras instancias de un protocolo de actuación, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles. Por otra parte, se prohibirán los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas. La iniciativa también incorpora delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros y por colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia.
Además, establece delitos por realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. También incluye promover o financiar actos de violencia o sabotaje. El proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional y autoriza su intervención en la seguridad interna ante amenazas externas estatales y no estatales.
Asimismo, incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La inscripción en el RePET habilitará la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades anotadas por su vinculación con el terrorismo o con su financiamiento.
