Buenos Aires, 22 octubre (NA) — Después de más de 15 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó a las 3.30 de la madrugada la vuelta a comisiones del proyecto sobre Endeudamiento Familiar. La decisión se tomó luego de que quedara en evidencia que el oficialismo no tenía los votos para sancionar su propia iniciativa. La propuesta de regresar el proyecto, sin fecha, a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia fue presentada por Silvana Giudici, secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza.
La votación terminó con 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones. A favor votaron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, un sector de Argentina Federal, Producción y Trabajo. En contra lo hicieron Unión por la Patria, una parte de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, entre otros.
Las abstenciones de los cinco diputados cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora jugaron en contra de la oposición. La misma situación se había dado unas horas antes, durante la votación de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Unión por la Patria buscó evitar ese desenlace para que se rechazara el dictamen de mayoría del oficialismo, centrado en la educación financiera, y luego se votara el dictamen de minoría.
Esa propuesta contemplaba un plan de refinanciación de deudas para morosos, límites a las tasas de interés y la condonación de punitorios. “Hoy creemos que hay que votar, que quede claro que hay una mayoría clara que no quiere lo que propone el dictamen de mayoría y por lo tanto se abra naturalmente un tiempo de espacio de búsqueda de consensos alrededor de una propuesta alternativa donde hay otros dictámenes, entre ellos el nuestro”, planteó el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. En medio de gritos, diputados opositores cuestionaron que la moción de Giudici no incluyera una fecha. Señalaron que, en los hechos, la vuelta a comisión podría no concretarse si el oficialismo no tuviera voluntad de hacerlo. “A los colegas que están dispuestos a que esto vuelva a comisión sin ningún tipo de fecha cuando ustedes cerraron las comisiones les pido dar una respuesta concreta con fecha.
Son unos embusteros”, protestó sin éxito el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. Otros legisladores también cuestionaron la decisión y la sesión terminó con críticas. La discusión en el recinto se produjo después de que la oposición lograra emplazar a las dos comisiones el pasado 9 de septiembre.
Sin una fecha cierta para el plenario de comisiones, el esfuerzo para forzar el tratamiento de un tema incómodo para la Casa Rosada podría quedar sin efecto. El dictamen de mayoría correspondía al oficialismo y a sus aliados del PRO y la UCR. La propuesta hacía hincapié en brindar información detallada sobre créditos al usuario para prevenir situaciones irregulares, pero no establecía tasas máximas ni planes de refinanciación para deudores críticos.
Basado en la educación financiera, el proyecto se denomina “Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores”. El miembro informante del dictamen de mayoría, Santiago Pauli (La Libertad Avanza), sostuvo que la iniciativa buscaba generar “un marco común de reglas tanto para los que otorgan créditos como para aquellos que acceden al crédito”. "Queremos que haya más crédito con las leyes del lado de los argentinos y no en contra de ellos", enfatizó el libertario fueguino, presidente de la comisión de Finanzas de la Cámara baja. Uno de los pilares de la propuesta es la transparencia y el acceso a la información sobre créditos al consumo, con especial detalle en los de corto plazo, que suelen tener tasas más altas.
Otros ejes son la precancelación de deudas, la trazabilidad completa de las obligaciones y el acceso gratuito al perfil de riesgo dentro de las entidades bancarias y las plataformas. El proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica se denomina “ley de regularización y alivio financiero”. Declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas, al que pueden adherir personas con una mora de más de 60 días y por montos de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2, actualmente 3.265.010 pesos.
La propuesta fija como cuota máxima un monto que no supere el 30% de los ingresos de las personas. Quienes quieran adherir voluntariamente al régimen de regularización deberán tramitarlo ante su propio acreedor y, si este no admite la gestión, intervendrá el Banco Central. Por otra parte, el proyecto de UP y PU establece un límite a la tasa de interés vinculado al Costo Financiero Total, pero garantiza a los acreedores una ganancia moderada, mediante un plus sobre la tasa de refondeo mayorista (TAMAR).
También condona el 100% de los intereses punitorios, mantiene el capital y pone límites a los intereses compensatorios. La iniciativa incluye además un capítulo de portabilidad financiera, otro sobre cobranzas abusivas y uno de educación financiera. El diputado nacional de Provincias Unidas Martín Lousteau, crítico del Gobierno, analizó que "si un país otorga pocos créditos al sector privado, los montos que presta son bajos y la gente no puede pagarlos, eso puede deberse a que sus ingresos no son suficientes, a que las tasas de interés son muy altas o a ambas cosas, como ocurre en la Argentina".
El economista puntualizó que "el 40% de los deudores que ganan menos de 90.000 pesos no puede pagar sus deudas". "Esto se debe, en primer lugar, a la caída del poder adquisitivo. Actualmente, es 10 puntos menor que cuando asumió Milei. En el sector público, la caída del poder adquisitivo alcanza los 20 puntos", graficó. "Además, aumentaron los gastos fijos de las familias en servicios, muy por encima de la inflación.
A la pérdida de poder adquisitivo se suma el mayor peso de los gastos fijos, que representan uno de cada cinco pesos adicionales. En conjunto, esto significa que la gente perdió cerca de 20 puntos", agregó para completar el cuadro. Por su parte, Kelly Olmos (Unión por la Patria) puntualizó que "más de 6 millones de argentinos han ingresado en mora, es decir, tienen una irregularidad de más de 90 días, muchos de los cuales ya están en nivel 4 o 5". "Eso quiere decir que muchos de sus acreedores financieros lo tienen que pasar a pérdida.
Como nos enseñó Néstor Kirchner, los muertos no pagan", resaltó la legisladora peronista. La ex ministra de Trabajo advirtió que "eso significa un problema macroeconómico importante que sería importante que el oficialismo preste atención porque empuja al conjunto del modelo económico a la recesión técnica". Sobre el dictamen de minoría encabezado por Unión por la Patria, expresó: "Estamos formulando una propuesta de esfuerzo compartido, viable, objetiva y posible.
Obviamente exige poner límites a los niveles de tasa de interés que algunos estuvieron poniendo". "Este sistema económico le quemó los pocos ahorros que tenía, lo obligó a tomar más de un empleo, no le permite cubrir remedios que antes recibía, prestaciones que antes tenía. ¿Y todo lo que tenemos para decirles a esos conciudadanos es vayan a estudiar finanzas?", se quejó Olmos. Más tarde, la diputada del PRO Daiana Fernández Molero cuestionó el proyecto opositor y pidió pensar qué sucedería si se aprobara el dictamen de minoría “del kirchnerismo y asociados”. “Si una familia quiere cambiar la heladera, será más difícil conseguir crédito.
En cambio un trabajador independiente se queda afuera del mercado de crédito y deberá afrontar tasas más altas”, conjeturó. “Pueden pasar todas estas cosas porque se está poniendo topes de tasas, rompiendo contratos del pasado y alterando barreras de entrada a la competencia”, alertó. También comparó la iniciativa opositora con la Ley de Alquileres, aprobada en Diputados a fines del 2019 con el liderazgo de un ex integrante de su propio partido, Daniel Lipovetzky.
