Buenos Aires, 7 de octubre (NA) – Diez integrantes de la Policía del Chaco comenzaron a ser juzgados este lunes en Resistencia por el operativo contra jóvenes qom de Fontana. Entre los acusados está Claudia Beatriz Lucena, oficial ascendida por el gobernador Leandro Zdero cuando el expediente ya había sido elevado a juicio. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el debate corresponde a la causa 12.386/2020-1 y se desarrolla ante la Cámara Segunda en lo Criminal.
La investigación abarca el ingreso a una vivienda y las detenciones posteriores en la Comisaría Tercera de Fontana. El episodio ocurrió el 31 de mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas. De acuerdo con la acusación, efectivos entraron a una casa sin orden judicial y golpearon a jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
Las denuncias también describen agresiones, amenazas de muerte e insultos racistas durante su permanencia en la dependencia policial. Lucena dirigía esa comisaría al momento de los hechos y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal cometida por un funcionario público. La acusación le atribuye no haber puesto a una adolescente detenida a disposición del juzgado correspondiente y no haber denunciado las vejaciones que habría presenciado en su unidad.
El antecedente administrativo involucra al gobierno actual. El decreto 974/25, firmado por Zdero el 13 de junio de 2025, dispuso la promoción de Lucena de comisario inspector a comisario mayor, con vigencia retroactiva al comienzo de ese año. La propuesta había sido presentada por el jefe de la fuerza, Fernando Romero, y contó con avales administrativos.
La oficial estaba imputada desde septiembre de 2021 y la causa había sido elevada a juicio en abril de 2022. Así, el ascenso fue posterior tanto a su incorporación al expediente como a la decisión de llevar el caso al debate oral. Los otros nueve policías afrontan distintas combinaciones de cargos, entre ellos vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, falsedad ideológica y detención ilegal.
Las imputaciones deben ser examinadas por el tribunal y no constituyen una condena. El proceso llegó a su primera audiencia después de sucesivas reprogramaciones. La última postergación se produjo en septiembre por el cambio de defensor de uno de los imputados.
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que interviene como querellante institucional, había cuestionado las demoras.
