Buenos Aires, 1 de octubre (NA). Asambleas socioambientales y vecinos de Catamarca informaron que presentaron cerca de 50 notas de impugnación contra la consulta pública del proyecto minero El Alto. Luego de esos planteos, fue suspendida la charla técnica prevista para el miércoles 30 de septiembre.
El reclamo estuvo dirigido al Ministerio de Minería y a la empresa Litios del Norte S.A. por la difusión insuficiente del procedimiento. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las presentaciones fueron enviadas a la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM). La Asamblea de Ancasti por la Vida, la Asamblea Friense y pobladores autoconvocados sostuvieron que la convocatoria no había sido difundida adecuadamente en medios locales ni de alcance masivo.
Por ese motivo, pidieron que el trámite fuera impugnado. Las organizaciones que promovieron los reclamos comunicaron la suspensión. Hasta ese momento, la cartera minera provincial no había difundido una explicación pública detallada sobre las objeciones, un nuevo cronograma o las condiciones para reabrir la instancia participativa.
El planteo no se limitó a la fecha de la charla. Los vecinos reclamaron acceso completo al proyecto de exploración para conocer el plan de perforaciones, el uso previsto del agua y las áreas de afectación directa e indirecta. También solicitaron tiempo suficiente para analizar la documentación antes de cualquier decisión administrativa.
Las comunidades de la Sierra de Ancasti y El Alto advirtieron que las cuencas, vertientes, bosques, huertas y actividades ganaderas dependen de información ambiental verificable. Las referencias a perforaciones y consumo de agua corresponden al comunicado de las asambleas y constituyen alegaciones de los reclamantes, no conclusiones técnicas independientes sobre el impacto del proyecto. El caso volvió a poner en discusión el esquema de participación que administra el gobierno de Raúl Jalil.
El planteo sostiene que una consulta pública requiere, además de fijar una reunión, que la población potencialmente afectada pueda conocer los documentos, formular observaciones y obtener respuestas antes de que la autoridad adopte una decisión. Las organizaciones también convocaron a un encuentro comunitario para el sábado 3 de octubre en Guayamba, donde buscarán compartir información y definir los pasos siguientes. Su consigna es que el acceso al agua y al suelo no quede subordinado a un procedimiento que consideran insuficientemente difundido.
