La jueza federal Loretta Preska cerró formalmente el expediente de primera instancia por la expropiación de YPF y dejó sin efecto la sentencia que había dictado en 2023 contra la Argentina. La resolución cumple con lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que el 27 de marzo de 2026 revocó la condena de más de USD 16.000 millones. El cierre de esa etapa no pone fin al litigio.
La Corte Suprema de Estados Unidos debe decidir si acepta revisar el caso a partir del recurso que Burford Capital, el fondo que financia la demanda y adquirió los derechos de los exaccionistas, presentó a comienzos de octubre. La intervención del máximo tribunal no es automática: sus integrantes deben resolver primero si admiten el planteo. Por el momento, no hay un plazo fijado para esa definición.
La decisión de Preska se ajustó al fallo del Segundo Circuito, firmado por los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes. La mayoría consideró que la jueza había interpretado de manera incorrecta el derecho argentino al establecer la responsabilidad del país en su sentencia original. Entre los fundamentos, la Cámara sostuvo que la ley argentina de expropiación impide demandas de terceros que interfieran en el proceso expropiatorio.
También señaló que el estatuto de una sociedad no constituye un contrato entre accionistas que permita reclamar una indemnización por daños en los términos planteados. Desde la Procuración del Tesoro explicaron que la nueva resolución de Preska es un trámite procesal previsto. También indicaron que conocían la demora en la llegada del documento y aclararon que todavía resta el pronunciamiento de la Corte Suprema estadounidense.
Tras la revocación de la condena, Burford intentó que el plenario del Segundo Circuito volviera a analizar la decisión mediante el procedimiento conocido como en banc. El pedido fue rechazado en junio, por lo que la presentación ante la Corte Suprema quedó como la única vía de revisión disponible en Estados Unidos. En su recurso, los demandantes cuestionaron el fallo de segunda instancia, al que consideraron gravemente equivocado y sin precedentes.
Además, sostuvieron que el tribunal se apartó de la jurisprudencia de la Corte al priorizar una interpretación del derecho argentino y una decisión de tribunales locales. La presentación se hizo mediante un recurso de certiorari, que no obliga al máximo tribunal a intervenir. Según los datos mencionados en el marco de la causa, la Corte recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones por período de sesiones y admite alrededor de 80.
La falta de un plazo para resolver impide anticipar cuándo se conocerá si aceptará el planteo. Desde la Procuración del Tesoro señalaron que este escenario estaba contemplado desde marzo y que ya trabajan en la estrategia de defensa de los intereses del Estado argentino. El conflicto se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner expropió YPF.
Las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, vinculadas a la familia Eskenazi, junto con Eton Park, demandaron a la Argentina al considerar que se había incumplido el estatuto de la compañía y vulnerado los derechos de los accionistas minoritarios. Burford Capital financió el proceso y adquirió los derechos de los exaccionistas. En 2023, Preska condenó al país a pagar más de USD 16.100 millones, una suma que, con intereses, superaba los USD 18.000 millones.
Fue la mayor condena judicial contra un Estado en la historia de los tribunales estadounidenses. La Cámara de Apelaciones revocó esa sentencia en marzo de 2026 y ahora quedó formalmente sin efecto en primera instancia. En paralelo al trámite ante la Corte Suprema, Burford inició acciones ante el CIADI, el tribunal del Banco Mundial para controversias de inversión, en representación de las sociedades Petersen.
