El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno trabaja en un plan para revisar la situación de miles de personas detenidas durante el régimen de excepción. El mandatario anticipó que una parte importante podría recuperar la libertad y planteó que aproximadamente la mitad de los presos vinculados con los operativos contra las pandillas podría ser liberada. La iniciativa forma parte de una nueva etapa de la política de seguridad implementada desde 2022, cuando entró en vigencia el régimen de excepción.
Esa medida permitió realizar detenciones masivas de personas sospechadas de integrar o colaborar con estructuras criminales. Bukele sostuvo que la revisión buscará distinguir entre quienes efectivamente pertenecen a las pandillas y quienes no deberían continuar detenidos por su situación judicial. El proceso implicará analizar los expedientes de las personas arrestadas durante los últimos años en el marco de la estrategia de seguridad del Gobierno salvadoreño.
La posible liberación de una cantidad importante de detenidos se plantea después de un período marcado por la expansión de la población carcelaria y por operativos de gran escala contra las principales pandillas del país. El Ejecutivo sostiene que esa política modificó sustancialmente los índices de violencia y permitió recuperar el control de zonas que estaban bajo la influencia de organizaciones criminales. Al mismo tiempo, la estrategia recibió cuestionamientos por presuntas detenciones arbitrarias, las garantías judiciales y las condiciones de reclusión.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron casos de personas detenidas sin pruebas suficientes durante el régimen de excepción. También señalaron dificultades para acceder rápidamente a procesos judiciales individuales y cuestionaron las condiciones en algunos establecimientos penitenciarios. El Gobierno salvadoreño, por su parte, defendió la política y afirmó que la reducción de la violencia demuestra la efectividad del modelo.
La política impulsada por Bukele se profundizó en 2022, cuando el Gobierno declaró el régimen de excepción tras una escalada de homicidios. Desde entonces, las fuerzas de seguridad cuentan con mayores facultades para realizar arrestos y avanzar sobre estructuras vinculadas a las pandillas. Miles de personas fueron detenidas desde la implementación de la medida y trasladadas a distintos centros penitenciarios.
Entre ellos está el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel construida especialmente para alojar a integrantes de organizaciones criminales consideradas de alta peligrosidad. El eventual plan de liberaciones marcaría un cambio en la estrategia aplicada durante los últimos años. La prioridad inicial estuvo centrada en desarticular las estructuras de las pandillas mediante detenciones masivas, mientras que ahora el Gobierno propone una revisión más individualizada de los casos.
Bukele indicó que una cantidad importante de detenidos podría recuperar la libertad si se determina que no hay elementos suficientes para mantenerlos en el sistema penitenciario. La administración sostiene que la ofensiva contra las pandillas permitió recuperar espacios públicos y modificar la situación de seguridad del país. El anuncio abre una etapa en la que deberá definirse cómo se revisarán los expedientes.
El Gobierno deberá establecer los criterios para determinar quiénes pueden salir de prisión y quiénes continuarán detenidos, además de resolver qué organismos estarán a cargo del proceso y en qué plazos podrían comenzar las liberaciones. Por ahora, la posibilidad de liberar a cerca de la mitad de las personas detenidas representa uno de los movimientos más importantes desde el inicio del régimen de excepción y podría modificar de manera significativa el escenario penitenciario de El Salvador.
