El fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí, rechazó el planteo para trasladar al fuero federal la investigación por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum. Sostuvo que el expediente debe continuar en la provincia y consideró que Sergio Uñac y Cristian Andino deberían presentarse en la próxima audiencia, prevista para el 10 de noviembre. Baigorrí calificó el pedido como “absolutamente insostenible” y argumentó que los hechos investigados ocurrieron en San Juan y que los eventuales perjudicados son los sanjuaninos. “Los damnificados son los sanjuaninos, no hay ninguna razón para trasladarlo”, expresó al referirse a la discusión sobre el fuero que debe intervenir.
Uno de los puntos en debate es el uso de fondos nacionales para financiar la obra. El fiscal general sostuvo que la procedencia de esos recursos no alcanza, por sí sola, para justificar que el expediente pase al ámbito federal. “Todos los dineros que manejan las provincias en un 80% por coparticipación vienen de Nación, entonces que ese sea el argumento es insostenible”, afirmó. También señaló que la investigación trata sobre una obra de infraestructura hídrica realizada en territorio sanjuanino y posibles perjuicios para las arcas provinciales. “No creo que eso sea posible, debería resolverse en San Juan porque el delito se sucede en San Juan, afecta a los sanjuaninos”, insistió.
La decisión definitiva, aclaró, no depende de su opinión y deberá ser tomada por los jueces que intervengan en la cuestión. “A mi criterio no prosperará ese pedido, pero es una decisión que toman los jueces”, señaló. La discusión por la competencia judicial se inició a partir de una presentación de la defensa de Sergio Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), que sostiene que la participación de fondos nacionales justifica el traslado de la causa. En ese contexto, el juez federal Daniel Rafecas, de los tribunales de Comodoro Py, solicitó información sobre la investigación para analizar si corresponde que intervenga ese fuero.
Desde el Ministerio Público provincial, en cambio, sostienen que el expediente debe continuar en San Juan. La causa investiga presuntas irregularidades en la compra y colocación de los caños utilizados para el Acueducto Gran Tulum. Uno de los elementos señalados es que la obra fue financiada mediante un crédito tomado por la Provincia.
El expediente está a cargo de la UFI Delitos Especiales, que analiza distintos aspectos del proyecto, entre ellos las condiciones de los materiales utilizados y la posible existencia de sobreprecios. En septiembre también hubo allanamientos en oficinas de Krah América Latina, una de las empresas proveedoras de cañerías. Durante esos procedimientos se secuestraron documentación y computadoras para su posterior análisis.
Mientras sigue abierta la discusión sobre la competencia judicial, el Ministerio Público fijó una nueva fecha para la audiencia de formalización. La convocatoria será el martes 10 de noviembre de 2026, a las 14:30, en la Sala de Audiencias N.º 9 del Palacio de Tribunales, ubicada en Rivadavia 473 Este, en la ciudad de San Juan. La primera audiencia había comenzado el miércoles 14 de octubre, pero la jueza de Garantías Mónica Lucero fijó una nueva fecha por la ausencia de dos de las once personas investigadas.
Los ausentes fueron el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino. Sus defensas argumentaron que ambos tenían compromisos laborales relacionados con sus funciones en el Congreso de la Nación. Consultado sobre esas ausencias, Baigorrí consideró que Uñac y Andino deberían asistir a la próxima audiencia. “No hay ninguna razón para no hacerlo”, sostuvo.
El fiscal general indicó además que existe la posibilidad de participar por videoconferencia, aunque recordó que la jueza interviniente entendió que correspondía otra modalidad para desarrollar la audiencia. La investigación comenzó en diciembre de 2025, a partir de una denuncia del abogado Marcelo Arancibia. La presentación se realizó luego de la difusión de publicaciones periodísticas sobre posibles anomalías en la contratación y ejecución de la obra.
En total, son once las personas investigadas, entre ellas exfuncionarios provinciales, antiguos directivos de OSSE y un representante de la empresa proveedora. La situación procesal de cada una deberá definirse a medida que avance la investigación. Por el momento, el expediente está en una etapa preliminar y la condición de investigado no implica por sí misma una imputación formal.
La causa tiene dos cuestiones pendientes: avanzar con la audiencia de formalización prevista para noviembre y resolver si la investigación continuará en la Justicia provincial o si prosperará el pedido de traslado al fuero federal.
