En medio del conflicto que mantiene sin servicio a la RedTulum, la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) afirmó que las empresas no pueden afrontar el aumento salarial reclamado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Su representante, Ricardo Salvá, estimó un desfasaje mensual cercano a los $2.000 millones y un perjuicio acumulado de aproximadamente $16.500 millones. Este jueves, representantes de UTA, las empresas y las autoridades provinciales se reunieron en la Subsecretaría de Trabajo para buscar una salida que permita normalizar el servicio.
Antes del encuentro, Salvá describió la situación económica del sector y manifestó: “Cada vez son menos las expectativas. Hace tiempo venimos pidiendo diálogo y llegamos a un punto en que la situación se volvió insostenible”. Según ATAP, la diferencia entre los costos de funcionamiento del transporte y los recursos que reciben las compañías genera un desfasaje de aproximadamente $2.000 millones mensuales.
Salvá señaló que las empresas solicitan desde junio la conformación de una mesa técnica para analizar la situación económica del sistema. “Hay que sentarse en una mesa técnica. Lo empezamos a pedir desde el 10 de junio. El 17 lo pedimos por escrito.
No queríamos llegar a esta situación”, señaló Salvá. El planteo de ATAP propone revisar la ecuación económica bajo la cual funcionan las concesionarias y encontrar una alternativa para cubrir las obligaciones que afrontan. Salvá también se refirió al financiamiento del transporte público provincial y distinguió la situación de las empresas de las compensaciones aplicadas sobre los pasajes. “Las empresas no están subsidiadas, el que está subsidiado es el pasaje”, explicó.
Según el representante empresario, solo una parte de los usuarios paga el valor completo del boleto, mientras que el resto de los viajes cuenta con distintos mecanismos de compensación. “El boleto de $1.300 lo paga un pasajero cada diez. Los otros nueve tienen distintos tipos de compensaciones”, afirmó. Salvá indicó que una parte de esos fondos llega a las empresas entre 60 y 70 días después de realizado el viaje.
Para ATAP, la diferencia entre el momento en que reciben esos ingresos y los gastos que deben afrontar profundiza el desfasaje financiero. En ese escenario, Salvá aseguró que las compañías acumulan un perjuicio económico aproximado de $16.500 millones. También explicó que recurrieron a créditos y a distintos mecanismos de financiamiento para seguir afrontando sus compromisos. “Las empresas funcionan a costa de solicitudes de créditos.
Solo en intereses las empresas tienen un costo de $200 millones”, afirmó. El planteo incluye los intereses del financiamiento bancario y los vinculados con planes utilizados para regularizar obligaciones. Salvá negó que el pedido de ATAP esté orientado a aumentar el precio del boleto. “No pedimos aumento de boleto, pedimos recomposición de la ecuación económica que figura en el contrato de concesión”, remarcó.
Desde la entidad sostienen que la discusión debe centrarse en la estructura económica general del sistema y en los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento. A la discusión salarial, según ATAP, se suman otros aumentos que inciden en los costos operativos. Salvá mencionó el combustible y aseguró que, desde la última actualización, las empresas necesitan alrededor de $400 millones adicionales para afrontar ese rubro.
El incremento coincide con el reclamo de los trabajadores para que se aplique la nueva escala salarial acordada entre UTA y FATAP. “No estamos en condiciones de afrontar este aumento salarial y de seguir pagando el aumento de combustible”, sostuvo. La posición empresaria es que ambos incrementos deben contemplarse en la ecuación económica que regula el funcionamiento del transporte público. Mientras siguen las negociaciones, el conflicto mantiene afectado el funcionamiento del transporte público provincial.
Salvá reconoció las consecuencias de la falta de colectivos para los usuarios y afirmó que las empresas también buscan recuperar la prestación habitual. “Es una situación delicada. El objetivo es que el servicio se regularice. Pedimos disculpas, pero no es algo que pase por las empresas”, expresó.
Desde ATAP buscan desligar a las concesionarias de la decisión de interrumpir el servicio y sostienen que la salida requiere discutir los recursos disponibles para afrontar las obligaciones salariales y operativas. Finalmente, Salvá responsabilizó a la Secretaría de Transporte por el problema económico que, según la posición empresaria, atraviesa el sistema. “El problema de fondo está en la Secretaría de Transporte. Nosotros tenemos que pagar salarios, pero no tenemos los recursos”, concluyó.
La negociación entre UTA, ATAP y las autoridades provinciales quedó centrada en el reclamo salarial de los trabajadores y el pedido empresario de revisar la ecuación económica del transporte. En ese marco, la reunión en la Subsecretaría de Trabajo busca destrabar el conflicto y avanzar hacia la normalización del servicio de la RedTulum.
