La Argentina concluyó este miércoles 11 de noviembre sus alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, Alemania, y pidió medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion. La iniciativa, impulsada por empresas vinculadas al Reino Unido en aguas próximas a las Islas Malvinas, contempla hasta 26 pozos y una producción estimada de 310,5 millones de barriles. En la segunda y última jornada de audiencias, la delegación nacional sostuvo que el inicio de las perforaciones podría causar daños irreparables en los recursos naturales de la zona.
Por eso, reclamó una intervención judicial antes de que comiencen las actividades de explotación. La presentación incluyó una frase que sintetizó la posición argentina ante la urgencia del pedido: “Es ahora o nunca”. Los representantes del país argumentaron que existen fundamentos jurídicos para que el Tribunal dicte medidas preventivas mientras sigue el procedimiento arbitral internacional sobre la explotación de hidrocarburos en el área en disputa.
El reclamo busca evitar que el Reino Unido autorice nuevas perforaciones, instalaciones de producción y otras actividades vinculadas con el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas. Uno de los argumentos centrales de la Argentina se refirió a las posibles consecuencias del proyecto sobre los recursos naturales y el ambiente marino. El jurista neerlandés Nico Schrijver, integrante del equipo de defensa nacional, señaló que Sea Lion dejó de ser una iniciativa exclusivamente exploratoria y se convirtió en un proyecto concreto de explotación.
Según los datos presentados ante el Tribunal, la decisión final de inversión se adoptó el 10 de diciembre de 2025 y permitió avanzar hacia la etapa de desarrollo del yacimiento. El plan prevé perforar hasta 26 pozos petroleros, instalar infraestructura submarina permanente y obtener una producción estimada de 310,5 millones de barriles. La delegación argentina advirtió que, una vez iniciada la extracción, los hidrocarburos retirados del subsuelo no podrían ser restituidos al yacimiento.
Por ese motivo, sostuvo que una eventual resolución judicial posterior podría no ser suficiente para reparar las consecuencias de la explotación. En su exposición, Schrijver remarcó la necesidad de una intervención inmediata: “Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo”. Al concluir su intervención, el jurista expresó: “If not now, it will be never”, cuya traducción es “si no es ahora, será nunca”.
La delegación argentina utilizó la frase para subrayar la urgencia de las medidas solicitadas. Otro eje del planteo fue la competencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intervenir en el conflicto. El especialista en derecho internacional Marcelo Kohen cuestionó la postura del Reino Unido, que había objetado que el organismo analizara el reclamo argentino.
La posición británica sostiene que las actividades cuestionadas se realizan en áreas sobre las cuales Londres reivindica derechos soberanos. Frente a ese argumento, Kohen explicó que el Tribunal puede pronunciarse sobre medidas provisionales para proteger derechos y recursos naturales sin resolver antes la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas. La Argentina planteó que el carácter disputado del territorio no habilita a ninguna de las partes a avanzar unilateralmente con actividades que puedan modificar de manera permanente los recursos existentes en la zona.
La defensa nacional sostuvo que el pedido no busca obtener una decisión definitiva sobre la soberanía, sino evitar consecuencias irreversibles mientras se desarrolla el procedimiento jurídico correspondiente. El cierre de los alegatos estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería argentina y agente del país ante el Tribunal. El funcionario afirmó que están reunidas las cuatro condiciones necesarias para justificar la adopción de medidas provisionales.
La primera condición es la competencia prima facie, es decir, que existan fundamentos iniciales suficientes para considerar que el órgano arbitral correspondiente podría intervenir en la controversia. La segunda se refiere a la plausibilidad de los derechos invocados por la Argentina, vinculados con los recursos naturales de las áreas marítimas disputadas. El tercer requisito es el riesgo de perjuicio irreparable, ante la posibilidad de que las actividades petroleras provoquen consecuencias que no puedan revertirse.
El cuarto está relacionado con la urgencia de adoptar medidas antes de que comiencen nuevas perforaciones y se instalen estructuras permanentes de producción. La delegación argentina consideró que estos elementos justifican la intervención preventiva del Tribunal sin esperar una resolución definitiva sobre el conflicto. Durante las audiencias, pidió medidas para preservar los derechos y recursos naturales involucrados en la controversia.
El pedido contempla impedir nuevas perforaciones e instalaciones petroleras relacionadas con Sea Lion y evitar que continúen las actividades de explotación cuestionadas por el Gobierno argentino. También solicita restringir el uso perjudicial de información obtenida durante las tareas de exploración del área. Además, la Argentina pidió garantizar que pueda cumplir con sus obligaciones relacionadas con la protección y preservación del medio marino.
Por último, solicitó medidas para evitar acciones que puedan profundizar o agravar la controversia entre ambos países. Las solicitudes tienen carácter provisional y están vinculadas con el procedimiento arbitral internacional que ya se encuentra iniciado.
