Buenos Aires, 15 noviembre (NA) — El oficialismo terminó de definir el temario de la sesión del próximo miércoles mientras continúa resolviendo diferencias sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Fuerzas aliadas pidieron cambios en artículos sensibles y el Gobierno se prepara para defender la iniciativa en el recinto, donde también se tratará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La agenda incluye el Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), el Acuerdo de Montevideo y la transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Los votos para aprobar en general el proyecto sobre Malvinas están garantizados. La iniciativa también contiene disposiciones para reorganizar el aparato de defensa y de inteligencia bajo el paraguas de la doctrina de seguridad nacional, pero está en riesgo su capítulo 7, que crea nuevos tipos penales vinculados a la "injerencia extranjera" y requiere una mayoría especial de 129 voluntades. Las diferencias se analizaron en una reunión a puerta cerrada en el despacho de la Presidencia de la Cámara baja.
Por el oficialismo participaron Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Laura Rodríguez Machado, esta última de forma virtual; también asistieron referentes de los bloques del PRO, UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y otros bloques menores. El Gobierno envió a Paula Taddei, subsecretaria de Planeamiento Normativo, quien reporta a la Secretaria de Legal y Técnica, María Ibárzabal Murphy, para tomar nota de los reclamos. La funcionaria escuchó al misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), a la radical bonaerense Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y a la santafesina Gisela Scaglia (Provincias Unidas), quienes pidieron eliminar o modificar profundamente el capítulo 7, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas.
El PRO, en cambio, se comprometió a respaldar el proyecto en su totalidad, tanto si se introducen modificaciones como si se mantiene sin cambios. El capítulo cuestionado establece multas importantes para extranjeros sin residencia permanente en el país y para personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales. También propone penas de prisión por "facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero u organización y destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial de la Nación”.
Además, dispone penas por poner secretos a disposición de un Estado o servicio de inteligencia extranjero y por proporcionar ayuda a operaciones clandestinas de inteligencia por cuenta de un Estado extranjero. La iniciativa prohíbe, en general, organizar, financiar y ejecutar "campañas de injerencia extranjera" y "actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes". A la vez, aclara: "No constituyen campaña de injerencia extranjera la actividad diplomática ejercida conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica, ni la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable".
El principio rector del proyecto, resistido por la oposición dura, es ampliar las competencias del Poder Ejecutivo para actuar ante la irrupción de una "amenaza externa" definida de manera vaga. Para el peronismo y la izquierda, la iniciativa del Gobierno es un "caballo de Troya" que oculta una concentración inédita de poder en el Ejecutivo para que adopte medidas de excepción como si fueran normales. El proyecto mantuvo las sanciones penales y económicas por explotar, sin autorización argentina, recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas.
Las penas pueden llegar a 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores, pero quedaron excluidos los accionistas con participaciones de hasta un 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones. Además, se redujeron las multas: el texto original preveía entre 20 mil y 100 mil barriles de petróleo, mientras que la nueva escala va de 2 mil a 40 mil. A pedido de bloques aliados, el oficialismo también aceptó ampliar la integración del Consejo de Seguridad Nacional con la incorporación, como miembros no permanentes, del presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado y gobernadores.
El nuevo órgano tendrá como tarea principal coordinar una estrategia unificada de seguridad, defensa e inteligencia estratégica. Lo presidirá el Presidente de la Nación y estará integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica. Entre sus funciones estará proteger infraestructuras críticas y disponer medidas urgentes ante una amenaza externa grave.
Entre las facultades previstas figuran restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, limitar importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros. El protocolo para derribar aeronaves y hundir buques, así como la autorización para que las Fuerzas Armadas participen en "operaciones no convencionales", son algunos de los puntos más controversiales que se mantienen en la reforma. Uno de los principales cuestionamientos es que, según sus críticos, se desdibuja la separación de funciones y facultades entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, al permitir que estas últimas actúen en Seguridad Interior.
A pedido del diputado Eduardo Falcone (MID), el oficialismo aceptó crear una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso para auditar y monitorear las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. El Poder Ejecutivo deberá informar a la bicameral, en un plazo máximo de 48 horas, las medidas adoptadas en el ámbito del Consejo. Otro punto polémico es que la reforma otorga rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones en esa lista negra cuando haya "motivos razonables para sospechar".
Para la oposición, los conceptos de "terrorismo" y "amenaza externa" tienen definiciones laxas y sin precisión técnica, lo que podría habilitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para perseguir la disidencia legítima y restringir libertades civiles y políticas.
