La investigación por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum avanzó este miércoles 11 de noviembre, cuando el Ministerio Público Fiscal expuso las imputaciones contra diez de las once personas investigadas. Entre ellas están el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, y el diputado nacional Cristian Andino, acusados por presuntos delitos contra la administración pública. La audiencia se realizó en el Palacio de Tribunales de San Juan, ante la jueza de Garantías Mónica Lucero, luego del cuarto intermedio dispuesto durante la jornada del martes.
El fiscal Sebastián Gómez, junto con los ayudantes fiscales Maximiliano Gerarduzzi y Adrián Elizondo, describió las conductas atribuidas a cada involucrado y las figuras penales que, según la hipótesis fiscal, les corresponderían. Las acusaciones contemplan defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La Fiscalía distinguió las responsabilidades de los investigados de acuerdo con las tareas que desempeñaron durante las distintas etapas de contratación y ejecución de la obra.
Las imputaciones son provisorias y no constituyen una declaración de culpabilidad. Uñac fue imputado por tres delitos: defraudación mediante administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La Fiscalía le atribuyó esos hechos como autor y bajo la figura de concurso real.
Según la acusación, durante su gestión al frente del Ejecutivo provincial habría intervenido para permitir modificaciones o flexibilizaciones en los procedimientos administrativos y los controles, lo que habría facilitado la participación de Krah América Latina S.A. en las licitaciones. Los investigadores también sostienen que habría conocido las deficiencias detectadas en las tuberías utilizadas para la obra y que, pese a esas observaciones, se permitió que los trabajos continuaran. Estos señalamientos integran la hipótesis fiscal y deberán ser evaluados durante el proceso judicial.
Andino también recibió una imputación por tres delitos contra la administración pública. La Fiscalía centró parte de la acusación en el período comprendido entre 2011 y 2015, cuando presidió Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). De acuerdo con la investigación, durante esa gestión se habrían modificado exigencias técnicas y mecanismos de certificación vinculados con las licitaciones del Acueducto Gran Tulum.
Los investigadores consideran que esas decisiones podrían haber favorecido la participación de Krah América Latina en los procesos de contratación. Por estos hechos, Andino fue imputado como presunto autor de administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal. La acusación fiscal también alcanzó a autoridades que estuvieron al frente de OSSE durante las etapas de planificación, contratación y ejecución del proyecto.
Sergio Ruiz, presidente del organismo desde diciembre de 2015 hasta principios de 2019, fue imputado por administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. La Fiscalía le atribuyó participación en decisiones administrativas y en la elaboración de pliegos que presuntamente beneficiaron a Krah. Entre las actuaciones cuestionadas está la cesión en locación de un predio de 900 metros cuadrados en la planta potabilizadora de Marquesado.
Juan Carlos Caparrós, quien presidió OSSE entre febrero y diciembre de 2019, fue imputado por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los investigadores sostienen que habría conocido los problemas técnicos de las cañerías y que no habría adoptado las medidas correspondientes. También cuestionaron su participación en una contratación directa de una consultora mendocina para analizar el proyecto.
Guillermo Sirerol, quien estuvo al frente de OSSE desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2023, fue imputado por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Fiscalía consideró que habría conocido los inconvenientes técnicos y participado en decisiones relacionadas con la continuidad del proyecto. Entre los hechos mencionados figura la firma de un convenio con la unión transitoria de empresas encargada de la ejecución, en el que se reconocían deficiencias de la tecnología utilizada.
La investigación incluye también a Gustavo Mastelono, vinculado con la conducción de Krah América Latina S.A., empresa relacionada con la provisión de las cañerías utilizadas en la obra. El Ministerio Público Fiscal lo imputó como presunto partícipe necesario de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Según la acusación, Mastelono habría conocido las características técnicas de los productos ofrecidos por la firma y participado en gestiones para modificar condiciones de los procesos licitatorios.
La Fiscalía también cuestionó su intervención en la propuesta de una empresa para supervisar trabajos de soldadura, debido a los vínculos que existirían entre ambas firmas. Estos elementos forman parte de la investigación sobre las condiciones en las que se contrataron y utilizaron los materiales destinados al acueducto. La Fiscalía presentó acusaciones contra otros cuatro investigados que realizaron tareas técnicas, administrativas y jurídicas vinculadas con OSSE.
Entre ellos está Caballero, integrante del área jurídica del organismo, señalado por un dictamen que, según la acusación, habría permitido excluir a una empresa competidora de Krah. También fue imputado Juan Antonio Sánchez, funcionario técnico que participó en la preparación de pliegos y en comisiones relacionadas con las licitaciones investigadas. Francisco Javier Correa, vinculado con tareas técnicas y de auditoría, fue acusado por su presunta intervención en procedimientos que no habrían advertido u objetado determinadas condiciones de contratación y posibles deficiencias de los materiales.
La lista incluye a Rolando Vicente Caruso, quien trabajó en el área de proyectos de OSSE y habría participado en la incorporación de especificaciones técnicas cuestionadas por los investigadores. En estos casos, las imputaciones contemplan presunta participación necesaria en administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, de acuerdo con las responsabilidades atribuidas a cada uno. Aunque la investigación comprende a once personas, durante la audiencia de este miércoles se expusieron las imputaciones correspondientes a diez.
El exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino no estuvo presente por un viaje previamente informado, por lo que su situación procesal quedó pendiente. La Justicia deberá fijar una nueva instancia para que comparezca y pueda realizarse la formalización correspondiente. Su ausencia ya había sido considerada durante la audiencia del martes, cuando la jueza Mónica Lucero resolvió continuar el procedimiento respecto de los demás investigados.
Así, la causa avanzó con la comunicación de cargos a diez personas, mientras sigue pendiente la formalización del exfuncionario provincial. La causa se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia del abogado Marcelo Arancibia, relacionada con presuntas irregularidades en el desarrollo de la obra. El expediente está bajo investigación de la UFI Delitos Especiales, con intervención de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro.
Entre los aspectos investigados están los procesos de licitación, las condiciones de contratación, la selección de las cañerías, los controles técnicos y las decisiones administrativas tomadas durante distintas gestiones. La investigación también contempla documentación vinculada con el financiamiento del proyecto, que incluyó recursos nacionales y préstamos internacionales. Durante el avance de la causa se realizaron procedimientos en dependencias relacionadas con Krah América Latina, donde se secuestraron documentos y equipos informáticos para su análisis.
La audiencia de formalización es una etapa del proceso penal destinada a comunicar los hechos investigados y las posibles responsabilidades que el Ministerio Público Fiscal atribuye a cada persona. A partir de esta instancia, la investigación podrá continuar con las medidas procesales correspondientes y con la intervención de las defensas de los imputados. La Justicia deberá evaluar los elementos incorporados al expediente y determinar si hay fundamentos suficientes para avanzar hacia etapas posteriores.
Por el momento, ninguno de los delitos atribuidos por la Fiscalía implica una condena, ya que las responsabilidades penales todavía deben establecerse mediante el procedimiento judicial correspondiente. La causa del Acueducto Gran Tulum continuará con diez investigados que ya recibieron la comunicación de las imputaciones y con la situación pendiente de Julio Ortiz Andino, quien deberá presentarse en una nueva audiencia.
