El Gobierno de Irán declaró este miércoles 11 de noviembre organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas. Teherán presentó la medida como una respuesta a la decisión de la administración de Javier Milei de incorporar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al listado argentino de organizaciones terroristas. La Cancillería argentina rechazó la designación y sostuvo que carece de fundamentos.
También reclamó a Irán que coopere con la Justicia argentina en las investigaciones por los atentados contra la Embajada de Israel, ocurrido en 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994. La decisión iraní alcanza a dos de las tres fuerzas militares de la República Argentina; el Ejército Argentino no fue incluido. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán explicó que la declaración es una respuesta directa a la decisión argentina sobre la Guardia Revolucionaria.
El Gobierno de Milei había anunciado esa medida el 31 de marzo de 2026, en el marco de su política exterior y de su posicionamiento respecto de organizaciones señaladas por actividades terroristas internacionales. En un comunicado oficial, las autoridades iraníes calificaron la decisión argentina como “hostil y contraria a los principios fundamentales del derecho internacional”. Teherán afirmó que la designación de las fuerzas militares argentinas se basa en el principio de reciprocidad y en una legislación nacional aprobada en 2019.
Esa normativa fue establecida como respuesta a la decisión de Estados Unidos de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en su listado de organizaciones terroristas. Según la interpretación del Gobierno iraní, los países que acompañen o respalden esa designación estadounidense pueden quedar sujetos a medidas equivalentes. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní también responsabilizó a la Argentina por las eventuales consecuencias de su decisión. “Obviamente, el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto”, advirtió la Cancillería iraní.
El comunicado no especificó qué otras medidas podrían adoptarse contra la Argentina. Horas después del anuncio de Teherán, la Cancillería argentina difundió un comunicado en el que rechazó la designación de la Armada y la Fuerza Aérea como organizaciones terroristas. Sostuvo que la medida “carece de todo fundamento” y constituye una “acusación inadmisible” contra instituciones militares legítimamente constituidas.
El Gobierno argentino señaló que ambas fuerzas están subordinadas a la Constitución Nacional y cumplen funciones vinculadas con la defensa de la soberanía. También indicó que sus actividades se desarrollan de acuerdo con las leyes nacionales, los tratados internacionales y las normas del derecho internacional. La respuesta oficial diferenció la naturaleza institucional de las Fuerzas Armadas argentinas de las acusaciones iraníes.
El rechazo se produjo en un contexto de tensión diplomática que incluye antecedentes judiciales por atentados terroristas cometidos en territorio argentino. En su comunicado, la Cancillería recordó las investigaciones por los atentados contra objetivos de la comunidad judía en Buenos Aires. El primero ocurrió el 17 de marzo de 1992 contra la Embajada de Israel y provocó la muerte de 29 personas.
El segundo atentado se produjo el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA. Allí murieron 85 personas y cientos resultaron heridas. La Justicia argentina atribuyó responsabilidades por ambos ataques a funcionarios y estructuras vinculadas con la República Islámica de Irán y con la organización Hezbollah.
En ese marco, el Gobierno nacional cuestionó que Teherán no colabore con los tribunales argentinos y que no se hayan cumplido las órdenes internacionales de detención dictadas contra personas investigadas. “Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”, expresó la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores también objetó que personas requeridas por la Justicia argentina hayan ocupado cargos de responsabilidad dentro del Estado iraní. A través del comunicado, el Ejecutivo reiteró su pedido para que Irán coopere con las investigaciones y ponga a disposición de los tribunales a los acusados.
La tensión diplomática tiene como antecedente inmediato la decisión adoptada por la administración de Javier Milei a fines de marzo. En esa oportunidad, el Gobierno argentino anunció la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el listado nacional de organizaciones terroristas. La Guardia Revolucionaria es una estructura militar iraní creada después de la Revolución Islámica de 1979, con funciones vinculadas con la seguridad y la defensa del sistema político de ese país.
A diferencia de las Fuerzas Armadas regulares, la Guardia Revolucionaria tiene una organización propia y desarrolla actividades militares, de inteligencia y de seguridad. Estados Unidos la había declarado organización terrorista en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump. La administración argentina fundamentó su decisión en informes oficiales sobre presuntas actividades ilícitas transnacionales y hechos de terrorismo atribuidos a estructuras vinculadas con Irán.
El Gobierno de Milei también mencionó antecedentes judiciales de los atentados ocurridos en Buenos Aires durante la década de 1990. La declaración contra la Argentina no fue la primera de este tipo realizada recientemente por el Gobierno iraní. A comienzos de noviembre, Teherán había designado como organizaciones terroristas a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea del Reino Unido.
También había incluido al servicio de inteligencia exterior británico MI6 en una categoría de organizaciones consideradas hostiles. En ese caso, el Gobierno iraní vinculó la medida con acciones desarrolladas por el Reino Unido en el contexto del conflicto de Medio Oriente. La designación de la Armada y la Fuerza Aérea argentinas se suma a esa serie de decisiones diplomáticas de Teherán contra países que considera alineados con las políticas estadounidenses contra la Guardia Revolucionaria.
La medida tiene alcance dentro del marco legal iraní y expresa la posición oficial de ese Gobierno sobre dos instituciones militares argentinas. La declaración no significa que la Armada y la Fuerza Aérea argentinas sean consideradas organizaciones terroristas por la comunidad internacional. Tampoco implica automáticamente que otros países deban adoptar una clasificación similar.
Por el momento, las autoridades iraníes no detallaron sanciones específicas ni nuevas restricciones operativas que pudieran derivarse de la decisión. La designación constituye un nuevo episodio de tensión en las relaciones bilaterales, atravesadas por diferencias sobre las investigaciones por terrorismo y el posicionamiento internacional del Gobierno argentino. Tras conocer el anuncio, la Cancillería nacional reafirmó su compromiso con la memoria de las víctimas de los atentados y expresó su solidaridad con sus familiares y con la comunidad judía argentina.
También ratificó su rechazo al terrorismo. Así, la decisión de Milei de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní dio lugar a un nuevo enfrentamiento diplomático entre ambos países. La respuesta de Teherán fue declarar terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas.
