Buenos Aires, 8 noviembre (NA) — La Justicia detectó comunicaciones que habrían buscado desmantelar registros informáticos y físicos de Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), antes de un allanamiento. Para el juez federal Tomás Rodríguez Ponte, los chats entre empleadas, asesoras y personal de sistemas integrarían un hipotético "protocolo" de obstrucción que derivó en el procesamiento del financista Ariel Vallejo. Fuentes cercanas a Vallejo negaron que él haya impartido órdenes para destruir evidencias, según una investigación periodística de La Nación.
Las alertas internas en la firma comenzaron días antes de los procedimientos judiciales. El 28 de noviembre, después de una denuncia de ARCA por presunto lavado de activos, Micaela Sánchez, señalada en el expediente como custodia de llaves de cajas fuertes y equipos, le preguntó a una empleada si ocurría "algo raro". La respuesta fue que operaban "solo blanco" y que el resto permanecía resguardado.
Según la reconstrucción judicial difundida por La Nación, la actividad se intensificó durante la madrugada del allanamiento. A la 1:33, Daniela Sánchez, secretaria personal de Vallejo, instruyó retirar temprano las ganancias acumuladas. Media hora después, Susana Hoffman, asesora en normativa del BCRA, pidió al área de sistemas ingresar a las computadoras de los cajeros para desconectar programas.
Hoffman declaró posteriormente que se trataba de eliminar aplicaciones personales no permitidas, como WhatsApp o Instagram. Sin embargo, el juzgado cuestionó por qué el pedido debía ejecutarse a esa hora de la madrugada. A las 2:57 horas, Daniela Sánchez ordenó explícitamente a un colaborador "borrar todas las cámaras".
En paralelo a la eliminación digital, el expediente señala maniobras presenciales en las sucursales de Adrogué Chico y Banfield. Allí se habría retirado el efectivo acumulado y dejado únicamente "puchitos" de dinero como fachada. Las acciones bajo sospecha continuaron después de los procedimientos iniciales.
El 2 de diciembre, Juan Ramón Cervín, identificado como portavalor de la firma, coordinó el traslado y ocultamiento de tres camionetas de la empresa. El 3 de diciembre, Nahiara Gamarra, también secretaria de Vallejo, instruyó al técnico informático a "limpiar bien" su equipo y le indicó "borrá todo, sí". En sus descargos ante la Justicia, las imputadas y los colaboradores rechazaron las acusaciones.
Las secretarias y la cajera alegaron que no tenían injerencia en decisiones financieras u operativas, mientras que el portavalor sostuvo que ignoraba que mover los vehículos pudiera constituir una maniobra de obstrucción judicial. La investigación judicial apunta a la estructura del Grupo Sur Finanzas, que abarcaba la compraventa de divisas, préstamos y la billetera virtual Sur Finanzas PSP. La fiscalía y el juzgado sospechan que la casa de cambio Centro de Inversiones Concordia vendió dólares en el mercado paralelo a terceros no autorizados.
En 2022, registró ingresos por $4.040.114.708 frente a ventas declaradas por $2.440.801.851. La Justicia sostiene que la comercialización informal de divisas constituye el delito precedente de maniobras de lavado, presuntamente canalizadas mediante personas sin capacidad económica acreditada. En sus declaraciones, Vallejo negó la existencia de esa red y defendió la legitimidad de sus operaciones durante el cepo cambiario.
Mientras el financista cumple prisión domiciliaria, el juez aguarda un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo). El reporte deberá determinar los flujos contables y los préstamos o patrocinios que vincularon a la financiera con diversos clubes de fútbol.
