Mendoza, 28 octubre (NA) — Los dos reclusos que retuvieron como rehén a un agente penitenciario en el Penal de San Felipe, en Mendoza, fueron imputados por el delito de 'Secuestro coactivo', según informó hoy el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia. El organismo confirmó la decisión del fiscal Martín Lucero, quien imputó a Claudio González Flores y Ramiro Colucci. Ambos habían retenido al agente Mauro Zugasti en el pabellón 16.
Los reclamos de los detenidos estaban relacionados con el régimen de visitas y con el pedido de traslado al penal de Almafuerte, en Cacheuta. Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia comunicaron que la situación fue controlada. Durante el operativo, se conoció que los presos tenían un celular con el que filmaron al agente.
González, uno de ellos, llegó a mostrar su rostro. En medio del caso, se informó que dos familiares del efectivo murieron en un accidente cuando viajaban a la cárcel para seguir de cerca el operativo. Se trata de Ana Iris Estrada, madre de Zugasti, y Alejandra Flores, madrina y tía del agente.
Según la información aportada, horas antes la Municipalidad de La Paz había facilitado una camioneta para trasladar a la familia de Zugasti hasta la capital mendocina. En la Ruta Nacional 7, el vehículo perdió el control e impactó contra un árbol, lo que provocó la muerte de ambas mujeres. Luego del hecho, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, publicó en sus redes sociales qué ocurriría con los reclusos: “Quiero dejar en claro que los dos delincuentes que pretendieron conseguir beneficios tomando de rehén a un penitenciario en la cárcel de Boulogne Sur Mer, NO los van a obtener”. “No serán trasladados a Almafuerte, como exigían.
Serán incorporados al régimen de Muy Alto Perfil, el de máxima seguridad del Servicio Penitenciario, y deberán responder ante la Justicia por los delitos cometidos durante este episodio”, expuso. Los dos implicados fueron trasladados este martes por la tarde al sector de Muy Alto Perfil (MAP) de Almafuerte II. El director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, confirmó que no recibirán beneficios y que deberán responder ante la Justicia por los nuevos delitos cometidos.
Cornejo explicó que se trata de dos presos con graves antecedentes: “Uno cumple una condena de 27 años por homicidio agravado, robos agravados y otros delitos. El otro, una condena de 23 años por robos agravados y abuso sexual agravado con acceso carnal, entre otros delitos”.
